José Luis de Anda Yancey

EL 1 de septiembre de 2006, a raíz de que le ‘robaron’ PRI y PAN la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador exclamó furibundo desde el Zócalo: “¡Que se vayan al diablo con sus instituciones!”. Trece años después, este domingo 8 de septiembre de 2019, AMLO vino ya como presidente a Tamaulipas para soltar desde Soto la Marina otra sonorosa expresión de repulsa: “¡Ya al carajo con la delincuencia!, es como la corrupción. ¡Fuchi! ¡Guácala!”… Lo dijo en el acto con el que cerró los dos días de visita al Estado, al llamar a la unidad de los tamaulipecos en medio del vocinglero de la gente, desatado a favor y en contra del gobernador Francisco García Vaca, presente en el lugar. Dijo: “La relación del gobierno federal con el de Tamaulipas ha sido muy respetuosa y reconozco la labor del mandatario estatal”. Y al decir esto una buena parte de la concurrencia a la ceremonia en el Hospital Rural de Soto la Marina rompió por segunda ocasión en abucheos y silbidos contra el gobernador, al tiempo que un segmento menor de asistentes lo vitoreaban. Entonces, se produjo el llamado presidencial: “Vamos a trabajar juntos”, casi gritó. “Tamaulipas tiene mucho potencial y se está avanzando en algo que es fundamental, que haya seguridad, que haya paz y se ha avanzado; no estoy diciendo que no haya problemas.

SIN sorpresas y con la reiteración de la promesa de que su gobierno acabará “con la corrupción y con la impunidad”, el presidente Andrés Manuel López Obrador rindió ayer su 1er. Informe anual. Pero en su contabilidad fue también el ‘Tercer Informe de Gobierno al Pueblo de México’, como se leía en la mampara del templete montado en el Patio Central del Palacio Nacional. Ante unos 600 invitados, formados por miembros del gabinete, un puñado de dirigentes políticos, personeros del sector privado con Carlos Slim Helú a la cabeza –le agradeció AMLO el apoyo para negociar el acuerdo sobre los ductos gaseros–, un número no precisado de los 32 gobernadores y figuras de los medios de comunicación, el tabasqueño leyó pausadamente un documento de veintiocho páginas. Le tomó una hora con 35 minutos hacerlo –de las 11:02 a las 12:37–, en cuyo curso recibió treinta y seis salvas de aplausos. Con el más alto índice de aprobación con el que haya llegado un presidente mexicano a la lectura de su informe inicial –73%, según encuesta Mitofsky–, López Obrador reconoció por primera vez que el país enfrenta un desalentador panorama económico y que la inseguridad por la violencia delictiva se ha incrementado. En ese marco festinó que ya es un hecho la separación del poder político del poder económico, dijo que su gobierno pone el respeto de la libertades por encima de las prohibiciones, aseguró que el Poder Ejecutivo no interviene más en determinaciones de los poderes Legislativo y Judicial, reafirmó la autonomía del Banco de México y fue enfático al asegurar que en su sexenio se acabará “la vergonzosa tradición de los fraudes electorales”. Y AMLO lo matizó diciendo que quien compre votos “irá a la cárcel, sin derecho a fianza”. Además, reconoció que nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes, en lo que se apoyaría más adelante para decir que el ‘huachicoleo’ es negocio de delincuentes y funcionarios; y concretó: “Ni ‘huachicol’ arriba ni ‘huachicol’ abajo”. El

LO dicho: En el arranque del Juicio Penal Acusatorio por el asesinato del periodista Carlos Domínguez Rodríguez, se abrió la pestilente cloaca de la justicia en Tamaulipas. Sin duda la lapidaria declaración del principal pseudo ‘asesino material’ del comunicador, fabricado como tal por la Fiscalía General de Justicia del Estado, junto con otros cuatro presos políticos, debe tener muy preocupado al gobernador Francisco García Vaca. Al abrirse el juicio el pasado jueves 15, el ex policía David Mejía Bravo reveló haber sido “comprado” en $500 mil –o sea un ‘falso asesino por contrato’–, para declararse co-autor del crimen e inculpar como cómplice a Adrián Montes Fernández, porque fueron dos los que apuñalaron a Domínguez en Nuevo Laredo. Precisó que a cambio de echarse la culpa e ir a prisión con su amigo, el director general de Operación del Procedimiento Penal Acusatorio, Natanael Castelán Iturria –nombrado directamente por el gobernador–, le prometió que en seis días lo liberaría y le entregaría el medio millón de pesos que tomaría de la recompensa de $2 millones, ofrecida por la Fiscalía por el esclarecimiento del asesinato. Pero no se cumplió tal arreglo, aseguró Mejía ante el Tribunal de Enjuiciamiento. Castelán cobró la recompensa, se quedó con todo el dinero y el procesado fue cambiado del penal de Ciudad Victoria al de Altamira, para así acallar sus quejas y protestas. El propio funcionario de la FGJ operó para, con base en declaraciones de un ‘testigo protegido’, involucrar como presuntos autores intelectuales del homicidio al empresario Rodolfo Jorge Alfredo Cantú García y a los periodistas Luis Ignacio Valtierra, Juan José González Zúñiga y Gabriel Garza Flores, este último muerto en el reclusorio neolaredense por falta de atención médica. Quedó evidente que todos ellos son auténticos presos políticos del régimen estatal, derivados del odio cerval que le tiene el Ejecutivo tamaulipeco al ex alcalde Carlos Enrique Canturosas Villarreal, de quien el primero es su tío.

COMENZARÁ el jueves próximo en Nuevo Laredo, ¡por fin!, el Juicio Oral Penal Acusatorio de los presuntos asesinos del periodista Carlos Domínguez Rodríguez. Y es incuestionable que va a iniciarse entonces el esclarecimiento de la burda trama armada por el gobernador Francisco García Vaca, para acusar falsamente del crimen a gente inocente que está en la cárcel y son en realidad presos políticos del régimen estatal. Se trata del LAE Rodolfo Jorge Alfredo Cantú García, quien lleva un año recluido en el CeFeReSo No. 4 “El Rincón” de Tepic, Nayarit; y los periodistas Luis Ignacio Valtierra y Juan José González Zúñiga –ambos reclusos del CeReSo neolaredense–, señalados por la Fiscalía General del Estado con base en ‘pruebas’ y testimonios prefabricados como los “autores intelectuales” del apuñalamiento de Domínguez, el 13 de enero de 2018. Un cuarto preso por ese supuesto delito, el también periodista Gabriel Garza Flores, falleció dentro del penal al negársele atención médica por su afección cardíaca. Y figuran en el expediente con la acusación de “autores materiales” el zacatecano David Mejía Bravo y el hidalguense Adrián Montes Fernández, que están encerrados en el penal de Altamira. Se espera que pasado mañana miércoles sea trasladado de la capital nayarita a Nuevo Laredo el licenciado Cantú García, por gestiones de su defensor Gabriel Regino García, éste un amplio conocedor del Derecho que fue subprocurador de Justicia del Distrito Federal cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de Gobierno. El juicio se llevará a cabo en la Sala B del recinto de audiencias del Centro de Ejecución de Sanciones neolaredense, sobre cuya duración no hay por ahora ningún indicio. Pero se da por descontado que las falsas acusaciones caerán en el curso del juicio por su propio peso y quedarán evidentes las prefabricaciones ordenadas por García Vaca para dañar al ex alcalde Carlos Enrique Canturosas Villarreal, involucrándolo a través de los cargos contra su tío Rodolfo en el crimen. O sea que está por caérsele la careta de falsario al seudo gobernante que prometió justicia para todos…..