Articulista Huésped

ES imposible ignorar que la ultraderecha en América Latina y en el mundo no ha dejado de actuar. Cambian los países, cambian sus protagonistas, pero las estrategias son las mismas: desinformación, epítetos contra los gobiernos y partidos progresistas e intentos de fracturar los movimientos sociales.

EL 1 de octubre de 2024 llegamos todas. Hay fechas que no se miden en años sino en generaciones, y esta es una de ellas. Durante dos siglos, la historia mexicana escribió su relato del poder casi exclusivamente en masculino, y esa tarde, en la tribuna, algo del lenguaje mismo con el que pensamos la nación se transformó. No es exagerado decir que México aprendió, ese día, una nueva manera de nombrarse a sí mismo.

DESDE hace décadas en México, incluso en los tiempos del partido único –el PRI–, los cárteles, los narcotraficantes o lo que hoy se denomina delincuencia organizada han metido la mano en las elecciones: algunas veces financiando campañas; otras, promoviendo candidatos o candidatas y, en los últimos años, llegando a la desfachatez de postular directamente a sus integrantes.

LA Constitución de 1917 fue la primera en el mundo con contenido social, pero desafortunadamente también quedó sellada con un enorme anticlericalismo.

 ES explicable el deseo del Gobierno de garantizar los derechos de las audiencias a ser informadas y no desinformadas y a cuidar la calidad de la conversación pública. Ninguna vida democrática es sustantiva si los ciudadanos forman su opinión con datos equivocados y distorsionados a partir de los intereses políticos y comerciales de quienes dominan los medios de comunicación.

CON la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de atraer el caso del prófugo exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, para darle seguimiento y concluir el largo proceso por los delitos que se le imputan, especialmente los que tienen que ver con el uso indebido de los recursos públicos que la Federación envió al Estado para beneficio de los tamaulipecos, está a punto de saldarse la deuda de este individuo con la ley.

EL pasado 28 de junio se cumplieron 16 años del asesinato de Rodolfo Torre Cantú. Un crimen que, pese a su dimensión política, al tiempo transcurrido y a las investigaciones emprendidas, continúa sin una explicación judicial definitiva.

 RESPONSABILIDAD es una palabra que la oposición de este país no conoce y parece que no aprenderá o no quiere aprender, que es peor. La relación con Estados Unidos ha sido compleja y muy tropezada debido al “carácter” de su presidente en turno, mientras que la contraparte mexicana, la titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, ha mantenido no sólo cabeza fría, sino dignidad y sobre todo una relación sin supeditación, poniendo por delante siempre la soberanía nacional.

LA muerte de otro ciudadano mexicano durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) no puede tratarse como un incidente aislado ni despacharse con la promesa rutinaria de una investigación.

FUE el 5 de abril de 1992 cuando el entonces presidente de Perú, Alberto Fujimori, violando la Constitución de su país, anunció en cadena nacional la disolución del Congreso y la suspensión del poder Judicial, poniendo a los tribunales, incluido el Tribunal Constitucional, bajo su control. Fujimori había sido electo con el voto de una derecha que pedía orden frente al caos y soluciones a la hiperinflación.