José Luis de Anda Yancey

A TRES días de que el Gobernador Electo de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, inicie con su equipo el proceso de la Entrega-Recepción, el Trieltam echó abajo ayer la trama con la que el gobernador saliente pretendía seguir mandando en la entidad, más allá del 30 de septiembre. Ese rotundo revés del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas difícilmente podrá ser asimilado por Francisco Javier García Vaca, en su infinita soberbia e insaciable sed de poder. Pero, el lapidario fallo para ser desechado todo el tinglado legislativo armado por el archi-ambicioso García Vaca a través de la dócil y cómplice bancada del PAN en el Congreso local, ya causó estado este lunes 29 de agosto.

AHORA sí, debemos de creer seriamente que en México ya no habrá impunidad de los pequeños ni de los grandes criminales. Hacia allá apuntan la captura y el inicio del enjuiciamiento del ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, que demuestran eso, que van en serio, ¡por fin!, los esfuerzos del Estado Mexicano para esclarecer el proditorio crimen contra los 43 estudiantes normalistas de la ya mundialmente conocida Ayotzinapa. Ha sido lapidaria la definición que el Gobierno de la República dio a la desaparición y consiguiente asesinato de los jóvenes alumnos de la “Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos”, como un crimen de Estado cometido con el pleno conocimiento del entonces presidente Enrique Peña Nieto, según las pruebas que obran en poder de la Fiscalía General de la República.

LOS ojos del mundo se fijaron el fin de semana en cinco Estados de la República sacudidos fuertemente por la violencia delincuencial, que los críticos calificaron de terrorismo. Pero el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se apresuró a decir que “hay gobernabilidad y estabilidad en el país”, en un intento desesperado por minimizar los acto vandálicos que azoraron a localidades de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Baja California y Chihuahua. Tanto la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, como el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, aseguraron que los puntos donde se desató la violencia están bien focalizados, mientras que en el resto de la República –la mayor parte–, “hay paz y tranquilidad”. Pero la presidenta municipal morenista de Tijuana, Monserrat Caballero Ramírez, pidió a los malhechores que “cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben”, no a las familias ni los ciudadanos de ese municipio, aceptando implícitamente con su dicho, según denunció la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, que la delincuencia organizada continúe la práctica ilícita de las extorsiones bajo la amenaza de la quema de vehículos y comercios.

LA suerte está echada: Ya se le cayeron al PAN, PRI y PRD las 16 impugnaciones distritales contra la elección del candidato de Morena a la gubernatura de Tamaulipas. Y es previsible que la semana próxima el Instituto Electoral del Estado dé el fallo final, confirmando el triunfo en las urnas de Américo Villarreal Anaya. Eso dejaría sin mayor defensa a la alianza partidista de “Va por Tamaulipas”, porque sería inútil recurrir a la instancia superior, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, habida cuenta de que en la generalidad de los casos éste confirma las decisiones del órgano inferior

OTRO as se sacó de la manga el presidente Andrés Manuel López Obrador, al expropiar ayer lunes 109 hectáreas de particulares para que continúe la construcción del tramo 5 del Tren Maya. Son los terrenos de 36 propietarios privados, que se localizan en los municipios Solidaridad, Benito Juárez –donde está Cancún–, Puerto Morelos y Tulum, Quintana Roo. En total, AMLO expropió un millón 93,118 metros cuadrados “por causa de utilidad pública”, a favor de la Federación. Con ello se posibilitará la ejecución de tal obra, conceptuada por él mediante decreto como “de seguridad nacional”, en la región disputada por ambientalistas que han intentado evitar mediante amparos sea afectada con la hechura del tren, aduciendo que éste dañará flora, fauna, ríos subterráneos y vestigios arqueológicos.

DOS grandes pugnas están poniendo a prueba la reciedumbre de la institución presidencial en México. Una es la que grupos de “seudo ambientalistas financiados por el gobierno de Estados Unidos”, según lo ha reiterado el presidente Andrés Manuel López Obrador, tienen enderezada contra la construcción del Tren Maya, la tercera obra emblemática de este gobierno, después del AIFA y la Refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco. Y el otro gran conflicto planteado a AMLO son las presuntas violaciones al Acuerdo Comercial México-EU-Canadá –el T-MEC–, en materia de energía eléctrica y petróleo, de las que acusan a su administración tanto figuras mexicanas del sector privado, como personajes del gobierno estadunidense y el empresariado de allá, a los que ya se ha sumado también el régimen canadiense.