Ventaneando

EN el primer aniversario del gobierno de la Cuarta Transformación hubo ayer un choque de pasiones inédito. De su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador atrajo a una multitud de correligionarios de toda la República, que llenó el Zócalo a plenitud. Voceros del régimen la estimaron en medio millón de personas –Excélsior, La Jornada y El Debate la calcularon a la mitad, 250 mil–, ante quienes leyó durante una hora y 28 minutos por el 1er. Año de la administración el que llamó “mi 4º Informe al pueblo”. Y de la otra parte, los opositores de AMLO a lo largo y ancho del país realizaron marchas y mítines de protesta, contra sus políticas de seguridad, del manejo de la economía y por los recortes presupuestales, en alrededor de medio centenar de poblaciones. Las manifestaciones de mayor relieve fueron efectuadas en la propia Ciudad de México por convocatorias de organizaciones de la sociedad civil, de activistas y partidos políticos, así como por líderes de las familias masacradas LeBarón y Langford. Sus contingentes “mayúsculos” –así los calificaron los medios–, desfilaron desde varios rumbos de la metrópoli hasta converger en el Monumento a la Revolución, donde se montó un acto de antifestejo por el primer aniversario y en el que le tupieron con severas críticas a López Obrador. Este, en su discurso desde el templete instalado con la Catedral Metropolitana a su espalda, dio un extenso repaso a los programas y acciones llevados a cabo en los doce meses transcurridos, habiendo señalado centralmente que el cambio que realiza la 4T en la vida nacional “está a la vista”. Citando cifras y lugares, el tabasqueño pasó revista a las obras gubernamentales iniciadas y en proceso, a los apoyo$ a indígenas, a adultos mayores, personas discapacitadas, becas a estudiantes y sobre el suministro de medicinas a las instituciones de la salud. Indicó que lleva cumplidos 89 de los 100 compromisos que concertó allí mismo tras la toma del poder, el 1 de diciembre de 2018; y aseguró que en 2020 quedarán completamente sentadas las bases de “la obra de transformación”.

LOS problemas de México los vamos a resolver los mexicanos, dijo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, al rechazar tajante la intervención de Estados Unidos en los asuntos nacionales. Se refería por primera vez, en forma específica ante la prensa, a la oferta del presidente Donald Trump para apoyar su gobierno al mexicano en la investigación de la narco-masacre de Sonora. Reiteró en la conferencia ‘mañanera’, como lo dijo en su oportunidad a través de un comunicado difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, haberle agradecido a su homólogo estadunidense la ayuda ofrecida, que declinó porque así se lo manda la soberanía nacional, consagrada por la Constitución. “No somos vendepatrias”, casi gritó el mandatario al matizar su negativa a aceptar la intervención norteamericana, en caso de que el asesinato de nueve miembros de la familia LeBarón fuera declarado narco-terrorismo, que los cuerpos de seguridad de Estados Unidos persiguen y combaten donde se produzca, aún a costa de invadir otros países.

¿HASTA cuándo –preguntas que bullen en la mente de mucha, mucha gente–, el Estado Mexicano hará valer el Estado de Derecho con el uso legítimo de la fuerza pública, para restablecer la legalidad y poner orden en el país? ¿Hasta cuándo la Guardia Nacional se empleará –con el apoyo de las Fuerzas Armadas–, para lo que fue creada específicamente, para combatir de manera frontal la inseguridad que golpea a todos los mexicanos? ¿Qué se necesita para que, de una vez por todas, el Gobierno de la República recupere el dominio territorial mediante el combate y aniquilamiento de los grupos delincuenciales y bandas del crimen organizado –los ya multiplicados cárteles de narcotraficantes, secuestradores y sicarios–, que se han repartido el país en pequeños, medianos y grandes cotos? Y, finalmente, ¿qué se requiere para que el presidente Andrés Manuel López Obrador cambie radicalmente su tibia estrategia del ‘dejar hacer, dejar pasar’, así como la de “Abrazos, no Balazos”, y empiece a cumplir su principal compromiso de campaña, para la pacificación y tranquilidad de México, mediante la justa aplicación del Estado de Derecho con todas las acciones y correcciones que esto implica? Son, si se quiere, preguntas redundantes. Pero las esperadas respuestas involucran el funcionamiento y la operación coordinada de todas las piezas que componen el enorme aparato gubernamental mexicano, hasta ahora mediatizado y sometido por una política de quietismo, incongruente con la realidad nacional

HACE tres semanas el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de la imposibilidad de que se produzca en México un “golpe de Estado”, por la probada lealtad de las Fuerzas Armadas y el apoyo masivo del pueblo. No sucedió en México, pero ayer sí ocurrió en Bolivia: El presidente Evo Morales renunció a su cargo porque el jefe del Ejército, el general William Kaliman y el comandante general de la Policía, Vladimir Yuri Calderón, lo presionaron y le pidieron a través de la televisión que lo hiciera. Y dijo haber cedido a ese reclamo el primer indígena de la etnia aymara, de cuna muy humilde y de padres campesinos que en 2006 se convirtió en gobernante del país sudamericano con el 53.7% de los votos, “porque no queremos que haya enfrentamientos”, declaró visiblemente emocionado por la tv Evo Morales al anunciar su dimisión. E indicó también en forma textual: “Así, se ha consumado el ‘golpe de Estado’, que hemos venido denunciando desde el 21 de octubre”. O sea, desde el día siguiente de celebradas las elecciones generales en las que Juan Evo Morales Ayma, de 60 años –los cumplió el 26 de octubre–, consiguió, también con abrumadora mayoría de votos, su tercera reelección para un cuarto período presidencial de cinco años. De esa manera se epilogaron tres semanas de violentos disturbios callejeros en todo el mapa boliviano, pero sobre todo en la capital, La Paz, al protestar sectores de la sociedad por el presunto fraude electoral en que se sustentó el triunfo de Morales y de su partido ‘Movimiento al Socialismo’ (MAS).

NO hay de otra: Es a través de la modernización y puesta al día del IMSS –limpiándolo de corruptos y corruptelas–, como el presidente Andrés Manuel López Obrador se propone blindar para todos los mexicanos la impartición del Derecho a la Salud. Reiteradamente él ha dicho que el Instituto Mexicano del Seguro Social es la única entidad que no fue arrasada por la ‘rapiña neoliberal’, tan dada a las privatizaciones y el despilfarro, aunque realmente el nuevo régimen la recibió muy devastada y con un cúmulo de problemas técnico-asistenciales. Por eso, AMLO se lanzó a su agobiadora gira de fines de semana por los 80 hospitales rurales del IMSS Bienestar, para conocer de primera mano la situación de los centros sanitarios, su infraestructura y el personal, del equipamiento y el suministro de medicinas, y dictar sobre la marcha medidas correctivas de corto y mediano plazo. Y por eso, en estricto cumplimiento a la instrucción presidencial, el director general del Instituto, maestro Zoe Alejandro Robledo Aburto, desde su llegada al cargo puso mano a la tarea de reordenarlo todo, restaurarlo todo, con innovada metodología además para seleccionar a los directivos, funcionarios y empleados capaces e idóneos a través del recién implantado Servicio Profesional de Carrera. Abreviando: El proceso regenerador de sistemas y mecanismos concebido por López Obrador y que se aplica en todas las áreas del IMSS, ya ha dado frutos tangibles y funcionales. Dentro de los parámetros de la Ley de Austeridad Republicana se ha operado la supresión de gastos onerosos, el recorte de compras dispendiosas, reajustes a la nómina con el objeto de contar cada unidad con el personal necesario y tener margen para nuevas contrataciones, sobre todo de médicos, enfermeras y empleaduría de apoyo. El tema es muy basto y, a reserva de ser ampliado aquí en siguientes ediciones, cabe señalar que la Delegación Regional del Seguro Social en Tamaulipas, a cargo del médico maderense Fernando López Gómez, ha destacado en el concierto nacional por su eficiente labor en todos los órdenes. Él, con 18 años de antigüedad en el IMSS cubriendo diversos niveles en toda la escala médica, es uno de ocho delegados en el país que han surgido precisamente del SPC.

ALGO que se comieron les hizo daño –eufemismo por ‘se portaron mal’–, y ahora diez de los 32 super-delegados federales están bajo severa investigación. El presidente Andrés Manuel López Obrador los reunió en Palacio Nacional, el pasado martes, para leerles la cartilla y que no se inmiscuyan en el proceso electoral interno de ‘Morena’. Pero trascendió que también AMLO les previno, a ‘los que andan mal’, que tanto la secretarías de la Función Pública y de Hacienda, como pesquisadores de la propia Presidencia, averiguan qué hay de cierto sobre una docena de denuncias presentadas en su contra. Estas tienen qué ver con el uso irregular de programas sociales, lo que puede ir en demérito –les dijo el mandatario–, de los avances alcanzados por la Cuarta Transformación. Los delegados en entredicho son los de Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Jalisco, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora, cuyas funciones están sometidas a auditorías y variadas verificaciones, según reveló la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, durante su comparecencia el jueves en la Cámara de Diputados. Explicó

LO de Culiacán resultó lapidario para AMLO. Ha desatado en su contra la peor ola de críticas de los primeros diez meses del mandato y suscitó un gran enojo nacional. Los memes, archi-burlistas e insultantes en las benditas redes sociales, son apabullantes al inferir el mayor escarnio a la figura presidencial. Tanto por el fallido operativo policiaco-militar, como por la humillación que el Cártel de Sinaloa infligió al Ejército. Lo menos que se dice es que éste cayó en la peor degradación de la historia y “ha perdido” el respeto popular atesorado en décadas. Además, algunos de los críticos más feroces del presidente Andrés Manuel López Obrador lo culpan de “la flagrante derrota del Estado Mexicano” por el crimen organizado y del “increíble empoderamiento” logrado con esa peliculesca acción por los esbirros de los hijos de ‘El Chapo’ Guzmán. Sin embargo, la decisión de soltar a Ovidio Guzmán López –el mismo jueves 17 circuló en las redes una foto del mozalbete, ¡como presidente, con todo y banda!–, si en verdad el mandatario la tomó o avaló en plena crisis, como lo ha asegurado, evitó el baño de sangre de impredecible dimensión que los criminales amenazaron cometer, si persistía la detención del delincuente. Sin lugar a dudas la matanza de gente inocente ajena a los enfrentamientos habría sido mayúscula, porque los sicarios aseguraron que no bromeaban con su amago. Sobre todo, dijeron que aniquilarían a las familias de los soldados, a las que rodearon los facinerosos en la guarnición militar –alrededor de 120 personas, entre mujeres y niños–, amén de que tenían en la mira atacar indiscriminadamente a la población civil. Ante esto, el Gabinete de Seguridad de AMLO no podía transigir.

INAUDITO: Trece policías municipales de Aguililla, Michoacán, fueron masacrados esta mañana en una emboscada por la delincuencia organizada. Los atacaron con rifles de asalto y granadas e incendiaron al menos dos patrullas. Otros tres policías resultaron lesionados y se presume que la misma ‘maña’ virtualmente secuestró a seis más, declarados desaparecidos. Los hechos ocurrieron pasadas las 8:00 horas en la localidad de “Bonifacio Moreno”, también conocida como paraje El Aguaje, a la entrada de dicho municipio del suelo tarasco. Los criminales viajaban en un convoy de camionetas blindadas, en tanto los policías escoltaban a una mujer víctima de un caso penal que habría de comparecer en una audiencia ante un juez de Apatzingán. El secretario de Seguridad Pública michoacano, Israel Patrón Reyes, informó a los medios noticiosos que el atentado fue muy sorpresivo, sin poder reaccionar los policías ante la agresión. Ahora bien. Si los datos conocidos son ciertos, resulta insólito que ¡veintidós policías!, en el par de patrullas, escoltaran a la mujer y no tuvieran capacidad de respuesta ante el ataque. Este ocurrió exactamente cuando se desarrollaba en Palacio Nacional la conferencia ‘mañanera’ del presidente Andrés Manuel López Obrador con reporteros y columnistas, iniciada a las 7:00 y que concluyó quince minutos antes de las 9:00 horas. Pero el jefe del Ejecutivo no fue informado de la masacre de los policías, como él asegura conocer al instante todos los sucesos violentos y hechos de sangre que se registran en el país; como tampoco se le transmitió tan trágica noticia al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, quien más o menos a tal hora –hacia las 8:15–, rendía en la propia conferencia un informe sobre la seguridad pública en el país. Al menos ni AMLO ni su colaborador fueron alertados sobre el acontecimiento de Aguililla, para que a su vez aprovecharan la ‘mañanera’ a efecto de comunicarlo a toda la República. ¿Cuál será la actitud del gobierno federal frente a tan punible ataque contra esas autoridades municipales perpetrado por la delincuencia? En el lugar del aniquilamiento de los policías aparecieron unas cartulinas, mediante las cuales supuestamente un grupo criminal se adjudicaba la autoría. Pero ‘alguien’ quemó los cartones y esto evitó saber de qué banda o cártel se trataba, dijo el secretario Patrón Reyes.

UN nuevo conflicto amenaza con enfrentar severamente a los poderes Ejecutivo y Judicial de México. Señalo esto porque la sorpresiva e inexplicada renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación del ministro Eduardo Medina Mora, electo por el Senado para cubrir un período de quince años que concluiría en 2030, cimbró como nunca al cotarro político nacional. La dimisión en términos muy compactos la elevó Medina directamente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y no, como supuestamente correspondía a su jefe inmediato, el ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. En la historia jurídica del país no hay, que se sepa, ningún antecedente de una crisis político-judicial como la que ha surgido con dicha renuncia.

OAXACA dio la pauta para que grupos pro aborto alzaran ayer su voz en todo el país a favor de su despenalización, al convertirse en la segunda entidad, atrás de la Ciudad de México, que legisla sobre la medida. En ambos casos, la iniciativa partió de las bancadas de Morena. Por 24 votos a favor y 10 en contra, el Congreso oaxaqueño aprobó el miércoles 25 de septiembre la interrupción de la concepción antes de la duodécima semana del embarazo. Impuso, claro está, condiciones básicas para que esto ocurra, so pena de incurrir en delito quienes provoquen el aborto, por sí y/o por interpósita persona, más allá de ese término de la preñez. Tal