José Luis de Anda Yancey

LA amenaza del cierre de la frontera Estados Unidos-México está, hoy más que nunca, latente y es casi inminente. Es el amago que cada día sube de tono el presidente Donald Trump, dolido porque no solo sus adversarios demócratas en el Congreso sino también sus correligionarios republicanos le niegan sistemáticamente los recur$o$ para el muro. Y en estos días, y a estas horas, tan drástica medida podría llegar a cristalizar si el mandatario estadunidense entra en pánico, de concretarse la formación en Honduras de una anunciada “Caravana Madre” rumbo a EU con más de 20,000 migrantes. Si bien en diversos círculos de Washington, DC, hay una abierta discusión sobre si el presidente tiene facultades para cerrar la frontera, lo cierto es que el Departamento de Justicia no ha hecho ninguna declaración o comentario sobre el último twitt lanzado al respecto por Trump. Igual silencio ha guardado su Oficina de Asesoría Jurídica. En cambio, de todos los rumbos del espectro socio-político y económico norteamericano le han llovido severas críticas y diatribas al magnate neoyorquino, porque con su amenaza del cierre de los cruces de California, Nuevo México, Arizona y Texas con México ha causado gran intranquilidad en la región fronteriza, con el temor de que sobrevenga del lado americano una gran crisis económica. Ya en dos ocasiones anteriores el ocupante de la Casa Blanca amenazó con tal cierre, incluso por siete semanas mantuvo inmóvil el gobierno, carente de presupuesto. Empero, la decisión final de Donald Trump parece depender de los sucesos que se produzcan de una parte en Honduras, y, de la otra, de la actitud que tome el gobierno de México ante las movilizaciones de migrantes a través de su territorio con destino a la frontera sur de EU…

LO que todo mundo se pregunta, ahora que se ha destapado de plano la cloaca de la corrupción que prohijó en el sexenio pasado que el SAT les perdonara cuantiosos créditos fiscales a al menos quince multimillonarios enlistados por “Forbes”, ¿qué va hacer AMLO para demostrar que su combate contra los corruptos no es parcial ni selectivo? ¿Va hacer que el Servicio de Administración Tributaria actualice y cobre lo que ‘perdonó’ en su tiempo el presidente Enrique Peña Nieto, para cumplir ahora López Obrador su decantada promesa de campaña de que habría en su gobierno justicia para todos? O el tabasqueño se irá ‘por la libre’, que él también demarcó, de no “tomar venganza” en contra de nadie del pasado respondiendo a los que la demandan con el inverosímil pregón del ‘amor y paz’? La revista “Proceso” está exhibiendo a los saqueadores del erario, según los llama. Con datos viejos y nuevos, producto de acuciosas investigaciones del magazine, se ha revelado en sus páginas que magnates como el mismísimo Carlos Slim Helú, Roberto Hernández Barrera, Ricardo Salinas Pliego, María Asunción Aramburuzabala, Emilio Azcárraga Jean y una decena más de los mexicanos más acaudalados del país recibieron de Peña favores muy productivo$ –solo para ellos–, al dejárseles de cobrar en unos casos o con devoluciones en otros los impuestos que les correspondía pagar por las ganancias estratosféricas que obtuvieron sus negocios. Ayer domingo leí en el combativo periódico “Por Esto!”, de Mérida, Yucatán –dirigido por el legendario y aguerrido periodista Mario R. Menéndez Rodríguez–, un largo rosario de notas “procesadas” dando cuenta de tan oprobioso saqueo de nuestros mayores ricachones a la hacienda pública. No solo de las trapacerías que los beneficiaron a ellos, sino también de “monstruosas deudas” que beneficiaron a empresas fantasma, como las calificó ‘APRO’, la agencia de noticias de la hoy por hoy la más crítica de las revistas que se editan en México. Citó, como ejemplo, que el SAT otorgó 113 cancelaciones de créditos fiscales por $2,068 millones a “dos sociedades de papel” relacionadas con el presunto financiamiento ilícito de la campaña de Peña Nieto en el 2012, a través de los monederos Monex.

EN el proceso de combate a la corrupción, en México se acabaron los privilegios de la otrora “burocracia dorada”: Ya no existen sueldos de hasta 700 mil pesos, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador al rendir hoyr el ‘Informe de Gobierno, Primeros 100 Días’. Reiteró que dentro de la responsabilidad en el manejo económico, nunca gastará su administración más de lo que ingresa a la hacienda pública. “Ni tampoco nos endeudaremos”, enfatizó, para completar la frase, matizando las palabras. Al hacer el repaso de las acciones en los tres primeros meses del mandato, AMLO aseveró que ya ha cumplido 62 de los compromisos anunciados en el Zócalo el 1 de diciembre y los otros 38 están en proceso. Desde el patio central del Palacio Nacional, con algunas butacas vacías, el jefe del Poder Ejecutivo dijo que se propone acabar también con el influyentismo, los sobornos y el burocratismo, empeñado como está su gobierno en establecer un auténtico Estado de Derecho. Con su estilo pausado y mostrándose muy aplomado, López Obrador leyó durante unos cuarenta y cinco minutos el texto del anunciado informe. En el estrado se encontraban los titulares de los otros dos poderes: Del Legislativo, los presidentes de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo y de la de Senadores, Martí Batres Guadarrama; y del Judicial el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. En el extremo los acompañó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en tanto la esposa del mandatario, Beatriz Gutiérrez Müeller, se sentó en primera fila, al centro del lunetario.

HOY 4 de marzo el Partido Revolucionario Institucional cumple 90 años de fundado. Fue la fórmula perfecta que aplicó el ingenioso profesor rural y general sonorense Plutarco Elías Calles, para ejercer un estricto control político en el México de la tercera década del siglo XX y poner coto a las convulsiones posrevolucionarias. Nació como Partido Nacional Revolucionario en la Ciudad de Querétaro, aquel primer viernes de marzo de 1929 y le dio pie a Calles para ejercer al socaire de su ‘invento’ una jefatura política monolítica, a manera de un maximato. Diez años después, el michoacano general presidente Lázaro Cárdenas del Río le cambió el nombre por el de Partido de la Revolución Mexicana. Y a la siguiente década –en 1946–, el joven abogado veracruzano y presidente Miguel Alemán Valdés lo rebautizó con su denominación actual. Pero mucha de su gente opina que ya es hora de borrar para siempre las siglas del PRI, porque han quedado estigmatizadas al cabo de 76 años de gobernar el país, con un terrible saldo de corrupción y desprestigio. No en balde pasará a la historia del mundo como el partido político que ha dado a la República el mayor número de presidentes. Mas, aparte del imperativo cambio de nombre para el PRI, es inminente el cambio de la dirigencia, hoy a cargo de una improvisada política, Claudia Ruiz Salinas, quien llegó a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional al conjuro del poderío de su tío materno, el ex presidente Carlos Salinas de Gortari. Son cinco los ‘tiradores’ al liderazgo del todavía partido tricolor, cuyos nombres andan de boca en boca en los principales corrillos priístas y son además mencionados en las más informadas e influyentes columnas políticas. Ellos son, en orden de las probabilidades que los analistas les otorgan para llegar a liderar el partido, tres ex gobernadores: El hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong –hoy coordinador de los senadores priístas y que fue secretario de Gobernación en el sexenio anterior–, la yucateca Ivonne Aracelly Ortega Pacheco y el oaxaqueño Ulises Ernesto Ruiz Ortiz; el actual góber campechano Rafael Alejandro Moreno Cárdenas y el chilango José Ramón Narro Robles, ex rector de la Universidad Nacional y secretario de Salud en la administración pasada.