LOS tacos mexicanos se encuentra hoy en día por todo el mundo, cosas de la moda y de la globalización. Si usted recala en una taquería de Madrid, por poner un ejemplo, es muy probable que las tortillas de maíz en que se envuelven provengan de una de las fábricas de harina del emporio mexicano Gruma, que tiene plantas en Estados Unidos, Europa, Asia, Centroamérica y Oceanía, además de México, claro está.
Su marca más conocida es Maseca y así le llamaban al primer dueño, don Maseco, Roberto González Barrera, que dejó su empleo en las petroleras de Veracruz para comprar un molino en Nuevo León. Un molino. Ahí empezó todo hace 70 años. Su hijo, Juan Antonio González, está hoy en el punto de mira de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) el organismo antimonopolios mexicano. Son ya demasiados molinos.
La tortilla no es sólo para los tacos o los burritos, es el pan que consumen siete de cada 10 mexicanos al día, y eso supone un 6% del gasto en la compra de alimentos. En los últimos seis años, el precio no ha dejado de subir: un kilo costaba al inicio 14 o 19 pesos (0,76 euros o 0,83 dólares de media, más o menos) y ahora está por las nubes, entre 23 y 32 pesos, según el Estado de que se trate.
El consumo de tortillas es también el alimento base de las familias más pobres, algunas de las cuales prácticamente sobreviven untándolas en puré de frijoles. El salario mínimo en México es de unos 248 pesos diarios, que en una familia numerosa se quedan en nada, si es que cuentan con un salario mínimo.
Las sospechas de competencia desleal partían de una premisa razonable: si el maíz no subía de precio, por qué lo hacían las tortillas. Las investigaciones del regulador de la competencia indican que Gruma alquila a los tortilleros maquinaria e incluso les presta dinero a crédito para sus negocios, de modo que les vinculaba con la compre de sus harinas sin escapatoria.
El gigante de la harina procesada controla entre el 50% y el 90% de las ventas en varios Estados de México, por lo que el organismo de la competencia le ha sugerido que se deshaga, en dos años, de cinco de sus plantas mexicanas, con la flota de distribución y fuerza de ventas incluidas. El grupo ha asegurado que se defenderá, aunque colaborará con el proceso, que está aún lejos de terminar.
La preocupación del gobierno mexicano por el precio de las tortillas no es banal. Se calcula que las familias ahorrarían con una competencia leal aproximadamente 1.300 millones de pesos al año.
El gobierno de Claudia Sheinbaum se ha propuesto reducir el precio en un 10% este sexenio, mediante acuerdos con los productores de maíz, programas agrícolas, líneas de financiación y ayudas a la comercialización. Los acuerdos se antojan complicados, en el país hay más de 110.000 tortillerías y los precios finales están mediatizados por aspectos como la seguridad en el transporte o las extorsiones con las que someten a los comerciantes, entre otros.
*Tomado del periódico “EL Mañana”.
Reynosa, Lunes 18 Noviembre 2024.
Ventaneando, Viernes 29 de Noviembre de 2024.