Narrado a MARIANA CHÁVEZ*
(UNA CRÓNICA DE HACE ONCE AÑOS)
Las leyes que permiten efectuarlo en la capital suenan fantásticas en el papel, pero en la realidad solicitar este servicio puede tornarse en una pesadilla.
LOS MOTIVOS LEGALES
(El 4 de mayo de 2007, mediante el “Decreto por el que se reforma el Código Penal para el Distrito Federal y se adiciona la Ley de Salud para el Distrito Federal” (publicado en el número 70 de la Gaceta Oficial del Distrito Federal), entró en vigor la reforma legal que permite realizar en los hospitales públicos de la Ciudad de México la interrupción del embarazo (eufemismo empleado para nombrar el aborto antes de las 12 semanas de gestación) si corre peligro la vida de la mujer, si el feto presenta malformaciones congénitas, si hay embarazo por inseminación artificial forzosa o por violación).
TENGO 30 años de edad y soy madre de un niño de 4. Cuando supe que estaba embarazada habían transcurrido 4 semanas de gestación. Llenos de alegría, mi pareja y yo fuimos a comprar cuanto era necesario para la llegada del bebé, pero pronto cambió nuestro ánimo porque a raíz de los cambios hormonales se me agudizó una infección en las vías urinarias latente desde hacía 4 años y que ningún tratamiento había logrado erradicar.
Al principio confundí los síntomas (dolor de senos y espalda, cólicos, cansancio, incremento de peso y falta de apetito) con los del embarazo, pero un ultrasonido mostró que la infección se había extendido y tenía tan inflamados el hígado, los intestinos y los riñones que dificultaban ver el embrión.
Mis dolencias, explicó la ginecóloga, se debían a que los órganos hinchados me comprimían la caja torácica y era urgente atenderme. Aunque me advirtió que los fármacos necesarios podían producir malformaciones en mi hijo e inducir un parto prematuro o un aborto espontáneo, me sometí a un tratamiento que 7 días después se reveló inútil. La situación se estaba complicando, pues ni siquiera se había podido formar la placenta. No había opción: tenía que abortar lo antes posible.
La ginecóloga me recomendó buscar ayuda en la Secretaría de Salud del DF. En la página web de la dependencia encontramos una liga que lleva a la Gaceta Oficial del Distrito Federal, donde se dictan los lineamientos legales generales para el procedimiento. De acuerdo con el documento, debíamos llenar una solicitud escrita y recibir orientación del personal hospitalario para que otorgáramos nuestro consentimiento informado.
Comprobar las causas médicas requiere estudios clínicos realizados por alguna institución aprobada por el Gobierno del Distrito Federal (GDF). Como mi ginecóloga trabaja por su cuenta, decidí acudir con especialistas de la Secretaría de Salud local.
INCONGRUENCIAS
De acuerdo con la ley, cualquier unidad médica del GDF o aquellas federales con más de 30 camas, quirófano equipado, y personal médico y paramédico debidamente capacitado y adiestrado deben ofrecer los servicios. Acudí entonces al Hospital Juárez (del gobierno federal), donde con burla y enojo me rechazaron para enviarme al Hospital General Rubén Leñero (del GDF), donde me dijeron que sólo brindaban información y me canalizaron al Hospital General Ticomán o el Hospital General La Villa.
Al azar elegí el primero, donde en vez de módulo de información había uno del Centro de Ayuda para la Mujer (¡de Provida!), cuyo personal me intentó disuadir por “el grave peligro” que corría si abortaba, me sermonearon y me instaron a ignorar a mi pareja si él insistía en la operación.
La ley indica que se debe orientar a las solicitantes con objetividad y neutralidad, sin tratar de inducirla a ninguna decisión. ¿Qué hacía entonces ese módulo, exactamente a la entrada del hospital, con personas empeñadas en convencerme de que iba a cometer un crimen?
Fastidiada y muy triste me dirigí a la oficina de atención al público, donde con el gesto de “otra más” una empleada me indicó que debía sacar una ficha para recibir atención, de las cuales sólo otorgaban 12 al día (aunque al final no admitían más de 6 solicitudes) y que debía regresar al día siguiente alrededor de las 5:00 AM, sin la garantía de poder ver a un médico.
“Pero, ¿no se supone que según la Secretaría de Salud del DF todas sus unidades médicas deben prestar obligatoriamente el servicio?”, pregunté. “Sí, pero la demanda ha crecido y el personal es el mismo”, me contestó una enfermera malhumorada. Eso me sorprendió, pues el 15º párrafo del decreto estipula que los trámites deben ser ágiles para que el aborto se realice en 48 horas después de la solicitud o, si existen excluyentes de responsabilidad penal, en un plazo no mayor de 10 días naturales a partir de la primera consulta. ¿Por qué atender sólo a 6 mujeres en todo el día?
Ya un tanto temerosa, asustada e impotente, regresé a preguntar dónde me daban el formato de solicitud. “No hay solicitudes por escrito, tiene que venir a formarse”, contestaron. Y añadieron: “El día del procedimiento deberá venir con 2 testigos y una persona que se haga responsable de usted”.
MALOS TRATOS
A la mañana siguiente me topé con decenas de mujeres en busca de abortar y no alcancé ficha. A otra de las solicitantes, muy humilde y acompañada por 3 niños mal vestidos, una enfermera le espetó: “En vez de abortar, tiene que dejar de embarazarse”.
Para entonces mi situación empeoraba, pues tenía fiebre y empecé a tener un sangrado vaginal. Hablé con una enfermera para explicarle la urgencia, pero nuevamente recibí malos tratos: “Todas dicen que sus casos son urgentes”.

La ley asegura que las mujeres en trance de interrumpir el embarazo (para seguir su eufemismo) recibirán un trato digno, oportuno y confidencial. La realidad es exactamente lo contrario. Como temía por mi vida, salí huyendo del hospital y hablé con mi ginecóloga para pedirle que, por piedad, me recomendara algún médico para someterme al legrado. Accedió, tras conocer mi estado y las humillaciones de las que había sido objeto.
Hoy, a varios meses de distancia, no puedo olvidar la desesperación de las mujeres a quienes conocí en esta pesadilla y que, a diferencia de mí, no pueden pagar un médico particular y deben resignarse a los malos tratos o tener un hijo no deseado.
Me pregunto: ¿De qué sirve que el gobierno del Distrito Federal se presente tan progresista si sus hospitales no tienen la capacidad de atención, ni su personal cuenta con la educación mínima para dar un trato digno a quienes nos vemos orilladas a interrumpir el embarazo?
* Tomado de la revista mensual
“Contenido” No. 544.
15 de Octubre de 2008.
Ventaneando, Lunes 7 de Octubre de 2019.