EL pasado 8 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez del procedimiento legislativo, mediante el cual se aprobaron reformas y adiciones a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, publicadas en el Diario Oficial del 27 de diciembre del 2022.
Breve pedagogía legislativa
EN los próximos días veremos que la triste y excluyente fiesta partidista vivida en la casona de Xicoténcatl se trasladará a la vida pública. Se festejará la astucia de sus organizadores, se echará mano de la condición mayoritaria de la mayoría y se justificarán los fines sobre los medios. Los senadores mayoristas reclamarán esa condición. Los apoyadores gobiernistas respaldarán y celebrarán –matutina y vespertinamente–, tales logros parlamentarios. El conjunto de las actuaciones alcanzará el rango de epopeya democrática.
Las Fuerzas Armadas y López Obrador
EL presidente López Obrador tiene abiertas varias paradojas. Algunas de ellas más grandes y graves que otras. Hace meses postuló la tesis de que frente a la delincuencia habría que actuar con abrazos y no con balazos. Hace unos pocos días redondeó su idea al señalar que en su gobierno también se protege a los delincuentes.
El acuerdo y la migración.
EN la declaración conjunta acabada de emitir por México y los Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles al primero, los temas migratorios resultan de especial importancia. México quedó obligado, en general, a incrementar significativamente sus acciones contra la migración irregular, desplegar la Guardia Nacional, especialmente en su frontera sur, y combatir las redes de trata de personas.
En particular, a permitir la estancia en su territorio de quienes hubieren solicitado asilo en Estados Unidos, garantizándoles trabajo, salud, educación y respeto a sus derechos humanos. Este último país se comprometió a hacer más expeditos los trámites migratorios. ¿A qué quedó comprometido el Estado Mexicano?
El marco normativo aplicable es la Convención Sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) y su Protocolo Adicional (1967), obligatorios en México desde el 2000, y la Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político (2011).