La majadera arrogancia de las compañías extranjeras, que faltaron el respeto al General Presidente Lázaro Cárdenas del Río, tuvo por contundente respuesta el decreto que nacionalizó la industria del “oro negro” e independizó la economía de México.
SE cumplen este día 81 años de la memorable fecha en la que el presidente Lázaro Cárdenas del Río decretó la nacionalización de la industria petrolera, al rescatar para el pueblo de México la propiedad del subsuelo y de toda la riqueza que encierra, con base en el Artículo 127 de la Constitución.
Expropió de esa forma los pozos, las refinerías e instalaciones que poseían las empresas que explotaban tal recurso natural, al negarse con insolencia las compañías extranjeras a acatar el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, dictado a favor de los trabajadores petroleros en el conflicto laboral planteado por el STPRM debido a violaciones a la Ley Federal del Trabajo.
La noche de aquel glorioso 18 de Marzo de 1938, por cadena radiofónica nacional, el primer mandatario dio lectura desde el Palacio Nacional al decreto expropiatorio, rodeado por todos los miembros del gabinete. Frente a él se hallaba el secretario de la Defensa, general Manuel Ávila Camacho –quien dos años después relevaría a Cárdenas–, y el ingeniero Vicente Cortés Herrera, que fue el primer director general del ente creado para manejar la industria: Petróleos Mexicanos.
Como antecedentes históricos de la explotación del petróleo, cabe recordar que operaban en México algo más de 20 compañías. A estas las encabezaban las denominadas “Cía. Mexicana de Petróleo El Águila”, subsidiaria de la “Royal Dutch Shell”; la “Huasteca Petroleum Company”, subsidiaria de la “Standard Oil” de Nueva Jersey; así como la “Sinclair”, siendo estas tres las más fuertes o principales.
En 1935, a un cuarto de siglo de la caída del porfiriato, los poderosos consorcios extranjeros eran los dueños y beneficiarios de la mayor parte de los recursos naturales del país, en beneficio exclusivo precisamente de las matrices arraigadas en sus países de origen. Con sus prácticas de explotación mantenían en permanente penuria la economía interna, en perjuicio de los grandes conglomerados sociales, principalmente los campesinos y la clase trabajadora.
Tal situación bochornosa y atentatoria de la economía nacional propició la creación, en 1936, con el apoyo del gobierno de don Lázaro, del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. El surgimiento de éste y sus acciones molestaron terriblemente a las compañías, puesto que el gremio les exigió un trato digno y el establecimiento de un contrato colectivo de trabajo, sin discriminación de los trabajadores mexicanos con respecto a los extranjeros.
Las empresas se vieron obligadas a discutir las peticiones obreras, aun cuando a causa de su intransigencia estuvo a punto de estallar una huelga en noviembre de ese mismo año. Intervino el gobierno en calidad de mediador. Pero las compañías mantuvieron su oposición a satisfacer las demandas de sus trabajadores, formuladas con apoyo en la Ley del Trabajo, lo cual desembocó finalmente en el estallamiento de la huelga, en mayo de 1937.
La huelga provocó en pocos días la paralización de refinerías, fábricas, de servicios y la producción agrícola. Por ello el gobierno pidió a los dirigentes del Sindicato se reanudaran las labores y plantearan ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje un conflicto de orden económico, según lo establecido por la ley.
Los petroleros lo hicieron. Sin embargo, agotados los recursos legales y probada la capacidad de las empresas extranjeras para satisfacer las demandas del STPRM, la persistente renuencia de éstas obligó a la Junta a emitir un laudo condenatorio, el 18 de diciembre de 1937, confirmado por la Suprema Corte de Justicia el 1 de marzo de 1938.
Las compañías se declararon en rebeldía a cumplir la sentencia, que las obligaba a pagar un aumento de salarios y prestaciones, por un total de 26 millones de pesos.
La historia registra el encuentro que tuvieron en Palacio Nacional los grandes señores de las empresas petroleras con el presidente Cárdenas del Río. Él los exhortó cordialmente a cumplir el laudo para granjearse a los trabajadores y continuar sus operaciones en México.
Con majadera arrogancia uno de los capitostes le preguntó al presidente quién les garantizaba que las cosas se arreglarían si accedían a pagar lo que demandaban los obreros. A esto don Lázaro respondió que él, que era la máxima autoridad del país.
Y poniendo en duda su dicho, el extranjero le replicó: “¿Usted…?”
Tal insolencia bastó para que el mandatario diera por terminada la reunión y se abocara a preparar el decreto expropiatorio. En palabras del ideólogo de ese acto que reafirmó la soberanía nacional, Jesús Silva Herzog, las compañías “estaban resueltas a mantener su rebeldía, a demostrar su fuerza; a no aceptar que un país modesto como el nuestro les impusiera su autoridad”.
Por eso la Expropiación Petrolera fue anunciada a través de todas las estaciones de radio, ese 18 de Marzo de 1938, pese a que momentos antes un enviado de las empresas acudió ante el presidente Cárdenas para manifestarle que sí podían pagar los 26 millones. ¡Fue demasiado tarde!, y el acto expropiatorio se consumó.
El petróleo pasó entonces a ser propiedad de todos los mexicanos. Mas ahora, con la “Reforma Energética” que consumaron Enrique Peña Nieto y demás apátridas en el pasado sexenio, el pueblo fue despojado de ese patrimonio y ya han vuelto a posesionarse de él las mismas compañías extranjeras que Cárdenas echó del país. Pero…
Ventaneando, Lunes 18 de Marzo de 2019.