LAS recientes revelaciones sobre un posible “fuego amigo” en Morena y la Cuarta Transformación (4T) son un diagnóstico incompleto si se limita a la mera disputa por el poder. Lo que realmente enciende las alarmas y amenaza con consumir el proyecto que llevó a AMLO al poder en 2018 no es solo la ambición política, sino la incongruencia de la nueva clase política al continuar con los vicios que prometieron erradicar: la corrupción, la impunidad y la opacidad.
La gran promesa de Andrés Manuel López Obrador de “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo” parece haberse disuelto al contacto con la realidad del ejercicio del poder.
Lo que vemos hoy es una preocupante reedición de las peores prácticas y excesos del pasado: moches y corrupción, conflictos de interés, viajes al extranjero, uso de aviones y helicópteros ejecutivos, vuelos en primera clase, camionetas de lujo, choferes y escoltas, ropa y accesorios de marcas exclusivas, nepotismo y uso de recursos públicos con fines políticos y personales.
En los últimos cuatro meses, el mvimiento de la 4T ha sido sacudido por escándalos que, si bien la dirigencia de Morena, encabezada por Luisa María Alcalde y el Gobierno de México, bajo la conducción de Claudia Sheinbaum Pardo, han buscado minimizar o atribuir a una “guerra sucia” de la oposición, reflejan una realidad dolorosa: los políticos de la “Cuarta Transformación” no son peores, sino simplemente iguales a los de antes, a quienes tanto han criticado. La simple verdad es que la corrupción no ha sido desterrada, sino que sólo cambió de manos.
Desde desvío de recursos públicos, como en el caso de Segalmex, hasta la corrupción en Aduanas que involucra a altos mandos de la Secretaría de Marina con el tema del huachicol fiscal, además del enriquecimiento inexplicable de figuras cercanas al poder, pasado por licitaciones cuestionadas, adjudicaciones directas y sobrecostos en megaobras del sexenio de AMLO, la percepción es que la vieja práctica de obtener lucro personal del erario sigue vigente.
Lo más interesante de esta trama es que estos señalamientos no provienen únicamente de la oposición, sino que a menudo son esgrimidos como arma letal por las propias facciones morenistas en su lucha interna. El “fuego amigo” de la 4T le ha hecho un bien al país, ya que ha revelado lo que la opacidad intenta ocultar, demostrando que la pureza moral del movimiento era más un eslogan que un principio rector.
En el asunto del huachicol fiscal –contrabando de combustibles–, según estimaciones de la consultora PETROIntelligence, el gobierno federal, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), dejó de recaudar 809 mil 324 millones de pesos (equivalentes a unos 41 mil 747 millones de dólares), entre 2018 y 2024 debido a esta práctica ilícita.
En todo ese entramado de corrupción que hoy se sabe ayudó a financiar las campañas políticas de la 4T en todo el territorio mexicano, aún persiste la duda de si el presidente AMLO sabía y lo permitió, esto basado en sus propias palabras: “Nada de que el presidente no sabe, no se enteró, de que el presidente no tiene buenos colaboradores, de que lo engañan. Mentira, el presidente de México se entera de todo y no hay un negocio jugoso que se hagan sin el visto bueno del presidente”.
Ante todo esto, la lucha contra la corrupción exige transparencia total. La 4T prometió ser “la esperanza de México” y ejercer un gobierno honesto y transparente, pero ha demostrado una preocupante tendencia a la opacidad y al secretismo, especialmente cuando se trata de sus proyectos insignia y de sus aliados internos. Se ha hecho costumbre el uso de figuras como la “seguridad nacional” para reservar información clave sobre grandes proyectos de infraestructura, limitando el escrutinio público y la rendición de cuentas.
La extinción del INAI –un órgano público autónomo–, el 20 de marzo de 2025, impulsada por Morena bajo el pretexto de austeridad y eficiencia, representa sin duda un grave retroceso democrático en México. Al absorber sus funciones en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el Ejecutivo centralizó el control sobre la transparencia, convirtiéndose en juez y parte, lo que, sin duda, fomentará la opacidad y posibles abusos de poder.
Esa reforma ignoró el rol histórico del INAI en transparentar la vida pública del país, lo cual ayudó a destapar abusos y excesos de poder, así como hechos de corrupción en sexenios pasados, desde Vicente Fox hasta AMLO, y sin duda contradice una de las luchas históricas de la izquierda y la promesa de la 4T de combatir la corrupción.
Y en todo ello, el factor que más daño inflige es la impunidad. Cuando los escándalos estallan, la respuesta del movimiento ha sido la táctica de la defensa política y no la acción legal inmediata. El proceso es casi siempre el mismo: negación inicial, señalamiento de complot opositor y, finalmente, el olvido.
Los pocos casos que avanzan suelen tardar meses o años en resolverse, y solo terminan en sanciones menores o en el simple enroque de funcionarios. Esta ausencia de castigo no solo desmoraliza a los ciudadanos y a los pocos militantes honestos, sino que envía una señal terrible al resto de la clase política: dentro de la 4T, robar tiene bajo costo político y judicial.
Si la nueva administración de Claudia Sheinbaum quiere honrar el espíritu fundacional de la 4T, debe confrontar de manera frontal y sin reservas esta triple amenaza de corrupción, opacidad e impunidad.
La batalla más crucial de la 4T no está en contra de la oposición, sino en demostrar que la honestidad era una convicción y no una simple herramienta electoral. De lo contrario, la historia recordará a Morena como un movimiento que, al tocar el poder, repitió los mismos vicios que prometió sepultar.
*Tomado del tabloide “Hora Cero”.
Ventaneando, Viernes 5 de Diciembre 2025.