- Avalan reforma para especializar a policías municipales y estatales en visión de género
La Comisión de Igualdad de Género, que preside la diputada María Wendy Briceño Zuloaga, aprobó un dictamen que reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con el propósito de fortalecer los mecanismos de alertas de género y mejorar su efectividad.
Puntualiza que estas alertas son el conjunto articulado de acciones y mecanismos de protección de emergencia y temporales, que se ejecutan de forma coordinada entre los tres órdenes de gobierno y de los poderes del Estado, según sus facultades y atribuciones para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado.
Ya sea ejercida esta violencia por individuos o por la propia comunidad, tanto en espacios públicos como privados.
La reforma considera al suicidio como forma de violencia feminicida (pues en ocasiones son conductas y agresiones en su contra quienes las orillan), además que señala una definición más amplia y protectora de las alertas de género y garantiza que el personal de las instituciones públicas que formen parte del grupo interinstitucional y multidisciplinario sea el suficiente y con la formación adecuada para un seguimiento puntual.
Incluye la obligación de las y los servidores públicos, y de las entidades del gobierno, de atender y actuar en un tiempo razonable, así como brindar una respuesta eficiente, oportuna y eficaz, desde el enfoque de los derechos humanos y la perspectiva de género, cubriendo los parámetros que señala el artículo 1º constitucional.
Subraya que la Cámara de Diputados y los congresos locales aprobarán en los presupuestos, una partida para las alertas de género y darán seguimiento a su ejercicio efectivo.
Además, se registrarán los datos e información necesarias para evaluar el cumplimiento de las obligaciones ante el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y se observarán los principios de transparencia, máxima publicidad y acceso a la información, así como la protección de datos personales durante el total de la etapa de alerta de género.
La diputada Briceño Zuloaga destacó que para este dictamen se realizaron reuniones, foros de parlamento abierto y observaciones de expertas en la materia, además que tuvo el acompañamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil que participaron en las solicitudes de alerta.
“Este dictamen tuvo mesas de trabajo y aportaciones de parte de todos los grupos parlamentarios”, indicó.
Agregó que la finalidad de los plazos e indicadores es que sean claros, además que no sólo los órdenes de gobierno respondan ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), porque se requiere que alcaldes y los congresos locales estén al tanto de lo que sucede con la alerta.
“Todo está concatenado, porque hay mujeres que son asesinadas después de que pusieron la denuncia, ya que no recibieron las medidas adecuadas o un juez liberó a su violentador”, sostuvo.
De igual manera, la comisión aprobó un dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de centros de Justicia para Mujeres, con el objetivo de especializar los cuerpos estatales, municipales y ministeriales en materia de derechos humanos y perspectiva de género, eliminando los estereotipos sexistas en el interior de las corporaciones.
Además, se incentiva la creación de cuerpos policiales especializados para la atención de violencia de género y para garantizar un trato digno a las víctimas, señala el dictamen.
También avalaron el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 36 de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres y el 86 de la Ley Federal del Trabajo, para estipular la participación paritaria de mujeres y hombres en altos cargos y puestos de mando, incluyendo a quienes conforman el gabinete del Poder Ejecutivo federal.
Respaldan a la diputada Riojas Martínez
Por último, la Comisión emitió un pronunciamiento, firmado por las integrantes de los diversos grupos parlamentarios, en el cual solicitan a las autoridades de la Ciudad de México, dar respuesta puntual y con perspectiva de género a la denuncia presentada por la diputada sin partido, Ana Lucia Riojas Martínez, quien “se ha visto afectada en su libertad de expresión y señalada de manera facciosa, violenta y engañosa, como presunta responsable de las acciones colectivas del movimiento amplio de mujeres en esta urbe”.