UN verdadero complejo industrial para la producción de drogas sintéticas operaba oculto en lo más intrincado de la Sierra Tarahumara hasta el domingo pasado. Distribuidos en una superficie de unos 850 metros cuadrados del municipio chihuahuense de Morelos, aun se aprecian calderas y contenedores de esa enorme “cocina” de metanfetaminas, además de una bodega de víveres perfectamente abastecida.
La fiscalía general de Chihuahua había empezado a tener noticias de esa “ciudad de la droga” –como atinadamente se refiere a ella en sus comentarios y análisis mi colega Fred Álvarez–, hace un poco más de tres meses. El trabajo de inteligencia realizado llevó a la ejecución de un operativo para su desmantelamiento que inició en la tarde del viernes 17 de abril pasado y concluyó en la mañana del sábado 18 de abril.
Hasta donde se sabe, una fuerza de 40 efectivos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y otros 40 del Ejército avanzó y tomó el control del complejo construido y operado por el cártel de Sinaloa.
El resultado fue considerado un éxito por el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, quien sabedor que estaba ante un delito federal turnó el asunto a la Fiscalía General de la República. Llamó la atención desde ese momento que no se supiera de una coordinación previa con la titular de la FGR, Ernestina Godoy.
El ánimo de celebración por lo exitoso del resultado del operativo habría de diluirse unas horas después. De regreso a la ciudad de Chihuahua –un viaje de más de diez horas por los estrechos y sinuosos caminos de la Tarahumara–, el vehículo insignia del convoy desbarrancó poco antes de las dos de la madrugada del domingo 19 de abril.
A unos 200 metros de profundidad fueron rescatados los cuerpos sin vida de Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación y el agente Manuel Genaro Méndez, además de dos estadounidenses: John Dudley Black de 44 años y Richard Leiter Johnson, de 36.
¿Qué hacían ahí los dos estadounidenses? Un comunicado emitido por las autoridades de Chihuahua el domingo 19 de abril decía que “agentes extranjeros murieron al regresar del operativo”, mientras que el embajador estadounidense Ronald Johnson proponía otro indicio ese mismo domingo: “esto es un recordatorio de los riesgos que enfrentan los funcionarios dedicados a proteger a nuestras comunidades”. En suma: eran dos agentes estadounidenses operando en México.
¿Participaban con la autorización a la que obligan nuestras leyes a agentes extranjeros? La pregunta dio lugar a un giro inverosímil con la versión de la fiscalía de Chihuahua en el sentido de que quienes regresaban del operativo habían encontrado a los estadounidenses muchos kilómetros después, cerca de donde habían entrenado a agentes mexicanos en el manejo de drones y les dieron “aventón” en el vehículo que se accidentaría más adelante.
El lunes 20 de abril en la conferencia mañanera –apenas regresando de la llamada Cumbre Progresista de Barcelona–, la presidenta Sheinbaum aseguró que “la Federación no estaba enterada de la participación de agentes extranjeros en el operativo de la Tarahumara”.
Si el Ejército participó (así fuera solo montando el cinturón de seguridad a que lo obliga el protocolo) ¿a poco no se notificó a los mandos? ¿hasta dónde llegó esa cadena de mando que uno supone debía haber alcanzado al general secretario Ricardo Revilla y obligadamente a la comandante en jefe Claudia Sheinbaum? ¿o solamente fue a ella a la que no se informó, lo que en este escenario implicaría una insubordinación y grave violación a la ley de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, eventual autorizadora del operativo?
El problema se complicó más cuando medios estadounidenses como The New York Times, The Washington Post, CNN y Fox News aseguraron que los estadounidenses muertos eran agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), mientras que Los Ángeles Times aseguró que hay más operativos en marcha.
La mandataria estatal insistió en una narrativa innegable: el operativo había sido un éxito. Además, dijo que buscaría a la presidenta para hablar con ella, cosa que hasta ayer no había sucedido. Con quien sí se reunió fue con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
La presidenta Sheinbaum, por otra parte, endureció su posición al pedir explicaciones al embajador estadounidense (por cierto exagente de la CIA), enviar a Washington una nota diplomática, y asumir que la mandataria chihuahuense habría incurrido en una franca violación a nuestras leyes.
El artículo 40 constitucional establecer explícitamente que México no permitirá injerencias extranjeras en investigaciones, sin autorización expresa del Estado mexicano, mientras que el 89, en su fracción décima, establece que corresponde al titular del Ejecutivo dirigir la política exterior, celebrar tratados internacionales e intervenir en la admisión de misiones extranjeras.
Entre tanto, el artículo 69 de la Ley de Seguridad Nacional señala que los agentes extranjeros solo pueden ingresar temporalmente para intercambio de información y con la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores; y el 71 dice que no pueden ejecutar leyes, participar en operativos ni ejercer funciones reservadas a autoridades mexicanas.
*Tomado del periódico “El Mañana”.
Reynosa, Sábado 25 de Abril 2026.
Ventaneando, Jueves 30 de Abril de 2026.