EL

En 1994 fue privado de la vida el candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta. Mario Aburto Martínez, señalado y sentenciado como autor material del magnicidio, permanece en prisión. Ese mismo año, José Francisco Ruiz Massieu, entonces secretario general del PRI, fue asesinado por Daniel Aguilar Treviño, quien también fue detenido y condenado.

En contraste, el homicidio de Rodolfo Torre Cantú y de otras cinco personas continúa impune. El expediente permanece bajo responsabilidad de la Fiscalía General de la República, sin que hasta ahora se conozcan avances concluyentes para identificar y procesar tanto a los autores materiales como a quienes habrían ordenado el oprobioso crimen.

En la crónica “Marinos, la pista que se desvaneció a 16 años del homicidio de Rodolfo Torre Cantú”, que escribí para la revista Proceso en la edición de julio, se recogen testimonios y elementos de una de las líneas de investigación del caso. Esa versión apunta a la presunta participación de elementos relacionados con la Secretaría de Marina.

De acuerdo con Alejandro Arochi, fiscal especializado que estuvo a cargo de las indagatorias, los agentes presuntamente involucrados murieron posteriormente en circunstancias extrañas que, a su juicio, debieron investigarse con mayor profundidad.

A lo largo de estos 16 años se han construido diversas versiones sobre la autoría y los motivos del asesinato. Una de ellas atribuye el ataque a grupos del crimen organizado que operaban en Tamaulipas y que, según esa hipótesis, habrían actuado porque el candidato no aceptó determinadas condiciones para el gobierno que estaba por iniciar.

Sin embargo, Arochi sostuvo que los elementos recabados durante su investigación apuntaban en otra dirección. Según su testimonio, el análisis de las armas, las diligencias ministeriales y otras evidencias lo llevaron a considerar la posible participación de agentes de la Marina. “Las armas utilizadas en el multihomicidio eran de la Secretaría de Marina y, cuando cité a declarar a un alto funcionario de la Secretaría de Gobernación, la amenaza que dejó caer sobre mí me convenció de que la orden para matar a Rodolfo venía desde lo más alto del poder: ‘Déjese de chingaderas y no investigue más’”, relató Arochi durante la entrevista que me concedió en el restaurante Los Canarios, en Polanco.

¿Por qué matar a Rodolfo?

En 2010, después de dos administraciones federales encabezadas por el PAN, el PRI se preparaba para disputar nuevamente la Presidencia de la República en 2012. Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México, incrementaba su presencia política y mediática.

El gobierno de Vicente Fox había quedado marcado por las expectativas incumplidas de la alternancia. Decepcionó a los mexicanos con un cambio que nunca llegó. Mientras que la estrategia de seguridad de Felipe Calderón y su llamada guerra contra el narcotráfico habían bañado de sangre y muerte al país, y Tamaulipas era un campo de batalla entre las bandas del crimen. En ese escenario, el desgaste del PAN y su derrota parecían inevitables. La posibilidad del regreso del PRI al poder federal comenzó a definir la disputa electoral.

Durante 2010 se renovaron 12 gubernaturas. En todas las entidades, el PRI se perfilaba como el gran ganador. En Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú encabezaba con mucho las encuestas, con 63 por ciento de las preferencias, frente al 14 por ciento del panista José Julián Sacramento Garza. El triunfo del priista estaba prácticamente asegurado.

Una de las hipótesis derivadas de la investigación sostiene que el asesinato tuvo un propósito político de mayor alcance: enviar un mensaje sobre los presuntos vínculos del priismo con la delincuencia organizada y descarrilar al PRI ante su avance electoral rumbo a 2012.

Había que decirle a la opinión pública nacional que el priismo, señalado por corrupción, sus vínculos con la delincuencia y, además, por tener en su historia una larga lista de asesinatos políticos, no debía regresar al poder ni en 2010 ni en 2012.

Por desgracia del destino, el nombre y la vida de Rodolfo Torre Cantú, según esta versión, ya habían sido decretados y decididos desde las más altas esferas del poder en México.

La mañana del domingo 27 de junio de 2010, un día antes del multihomicidio, un grupo de las Fuerzas Especiales de la entonces Procuraduría General de la República fue concentrado en el hangar de la institución en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

“Cuando había eventos especiales, nos concentraban un día antes”, recuerda uno de los elementos que participaron en esa tarea.

Según su testimonio, a las 11:00 horas del lunes 28 de junio, recibieron la instrucción de trasladarse en un avión de la Procuraduría a Ciudad Victoria, Tamaulipas, para iniciar las investigaciones y levantar los peritajes del atentado.

El ataque contra Rodolfo Torre Cantú había ocurrido a las 10:39 horas, es decir, 21 minutos antes de que les avisaran que debían moverse a la capital tamaulipeca.

A 26 años del crimen, el asesinato de Rodolfo Torre Cantú continúa siendo una herida abierta para Tamaulipas y para México. Ningún crimen político debe quedar sepultado por el tiempo ni protegido por redes de poder.

La Fiscalía General de la República tiene la responsabilidad de esclarecer todas las líneas de investigación, incluida la posible participación de servidores públicos, integrantes de corporaciones de seguridad, grupos delictivos o actores políticos.

También debe determinar si existieron actos de encubrimiento, alteración del expediente, pérdida de documentos o presiones contra quienes investigaron el caso.

La pregunta sigue sin una respuesta oficial: ¿quién ordenó matar a Rodolfo Torres Cantú?

Mientras esa interrogante permanezca abierta, la deuda del Estado mexicano con la verdad, la justicia y la memoria de las víctimas seguirá intacta.

El gobierno de la transformación, que se jacta y presume de corregir los errores del pasado, saldaría una deuda con México y Tamaulipas reabriendo el caso y llevando ante la justicia a los verdaderos asesinos de Rodolfo, que hoy se pasean impunemente por el país.

*Tomado del periódico “El Mañana”.
Reynosa, Jueves 16 de Julio de 2026.         

Ventaneando, Viernes 24 de Julio de 2026.

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La embestida del gobierno de los Estados Unidos en contra de México es más que evidente, la forma en la que un día sí y el otro también se acusa y se hacen señalamientos a los que no se les da ningún tipo de seguimiento, es algo que no habíamos visto hace mucho tiempo. Y además, con ayuda de varias figuras de la oposición que, al no tener credibilidad, como “Alito” o la senadora Téllez, buscan sumarse a estos ataques cayendo en el ridículo.

Debería ser más importante el mensaje y conocer la coyuntura bajo la cual se está dando esta embestida, y no quedarse en la mezquindad de los resultados electorales, que es lo que a todas luces ha llevado al PRIAN a abordar estos temas, insisto, sin ningún tipo de responsabilidad. A diferencia de esta oposición irresponsable, cuando a nosotras nos tocó serlo en la administración de Calderón, siempre supimos diferenciar que había integrantes del partido relacionados con el narco, pero jamás tuvimos la irresponsabilidad de referirnos a ese partido como un partido narco.

La política exterior de México se ha definido bajo cuatro principios: respeto a la soberanía, confianza mutua, responsabilidad compartida y cooperación sin subordinación. Obviamente México mantiene una relación asimétrica con Estados Unidos, pero eso no es lo mismo que subordinación, porque hemos sido capaces de conservar autonomía política, militar, financiera y diplomática.

A diferencia de Ucrania, no dependemos del financiamiento estadounidense para sostener al Estado, Japón o Corea del Sur albergan tropas o bases militares estadounidenses; y mucho menos de Argentina que requiere rescates del Tesoro estadounidense para estabilizar su economía, no, la relación que se ha pretendido y se ha logrado gracias a los oficios de quien conduce hoy este país va por la ruta de intereses compartidos, autonomía en política exterior, Fuerzas Armadas, presupuesto y decisiones constitucionales, y a esto se le llama interdependencia, pero no subordinación.

No hay relación catastrófica tampoco, la oposición dice lo que quisieran que hubiera, más no lo que es. En mayo de 2026 México fue socio comercial número uno de Estados Unidos con 87.2 mil millones de dólares en comercio mensual. Hay resultados objetivos en entrega de fugitivos, combate al fentanilo, tráfico de armas, lavado de dinero y crimen transnacional.

Esta es una relación efectiva y estable dentro de lo que permite la administración del vecino país del norte, quien tiene problemas e inestabilidad con decenas de naciones.

*Tomado del periódico “El Mañana”.
Reynosa; Sábado 11 de Julio de 2026.

Ventaneando, Lunes 20  de Julio de 2026.

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Madrid

LA muerte de otro ciudadano mexicano durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) no puede tratarse como un incidente aislado ni despacharse con la promesa rutinaria de una investigación.

Cada nuevo caso de brutalidad policiaca es una señal de alarma sobre la capacidad de la mayor potencia del planeta para traspasar todos los límites en nombre del control migratorio.

La política de inmigración es un derecho soberano de cualquier país, y también lo es proteger sus fronteras y combatir a las redes criminales que lucran con la desesperación de millones de personas. Pero ninguna de esas facultades autoriza a convertir a los migrantes en enemigos ni a normalizar el uso de una fuerza que, con demasiada frecuencia, es letal. La seguridad nunca puede construirse sobre la suspensión de los derechos humanos.

Desde hace años, y sobre todo en las dos administraciones de Trump, la retórica estadounidense ha contribuido a instalar una peligrosa asociación entre inmigración latina, criminalidad y amenaza nacional. Ese discurso, amplificado por el presidente de EE UU y asumido por sectores cada vez más amplios, no solo contamina la conversación democrática. También acaba permeando la actuación de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. Cuando un agente percibe antes un peligro que una persona, el margen para el abuso se ensancha.

Los mexicanos conocen bien esa realidad. Constituyen la mayor comunidad migrante en Estados Unidos y son una parte esencial de su economía. Han contribuido durante décadas al crecimiento del país vecino mientras soportaban una creciente hostilidad política y social. Que seis de ellos hayan perdido la vida en actuaciones del ICE obliga a preguntarse si existe un problema estructural que trasciende la conducta de determinados agentes.

Durante tiempo, México respondió a estos episodios con la vía diplomática habitual: protestas consulares, solicitudes de información y llamados a esclarecer los hechos. Ese camino ha demostrado ser insuficiente cuando las respuestas son tardías o parciales, o simplemente no llegan.

La decisión del Gobierno mexicano de acudir a los tribunales estadounidenses representa un cambio de estrategia que merece respaldo. No supone una confrontación entre Estados, sino el recurso a los mecanismos del Estado de derecho para exigir responsabilidades allí donde deben dirimirse: ante la justicia.

Ese paso tiene además un valor simbólico. Durante años, Washington ha señalado las violaciones de derechos humanos, la violencia y la impunidad que aquejan a México. El escrutinio debe ser recíproco. También EE UU debe aceptar que sus instituciones sean examinadas cuando existen indicios de abusos graves contra personas bajo su jurisdicción.

La fortaleza de una democracia no se mide por la dureza con la que persigue a los más vulnerables, sino por su capacidad para someter a control a quienes ejercen el poder. La muerte de un migrante nunca debería ser el precio asumible de una política migratoria, sino el fracaso del compromiso con los derechos humanos que Estados Unidos dice defender.

                      Ventaneando, Viernes 17 de Julio de 2026.

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FUE

Treinta y cuatro años después de aquel autogolpe, América Latina parece volver a teñirse de azul.  Colombia, Perú, Chile, Bolivia, Honduras: en apenas un año la región se ha reconfigurado políticamente. La prensa internacional habla de un péndulo que regresa, un giro hacia la derecha. La lectura, si bien es cómoda, es también binaria y engañosa. Lo fue cuando se dijo que la región se había “pintado de rosa” y se metió en el mismo saco a Lula, Maduro, Evo Morales y Boric. Y eso mismo ocurre ahora, donde se pretende comparar a Kast, Rodrigo Paz, Bukele o De la Espriella.

La lectura binaria no es útil para entender lo que ocurre en la región ni mucho menos en cada país. Tanto en Colombia como en Perú, la diferencia entre el primero y el segundo lugar es una clara muestra de la polarización que caracteriza a nuestras sociedades hoy en día. Los tiempos en los que se ganaba por porcentajes de dígitos enteros, ya no digamos dos dígitos, parecen haber quedado en el olvido. De la justicia social al orden y la mano dura. Este cambio trae añadidos ideológicos que aparentan ser positivos para algunos y negativos para otros.

Y es que poner a todos los gobiernos en un mismo saco con la etiqueta “derecha” es un error. Hay, al menos, dos tipos de derecha, y la distancia entre ellas importa más que la que las separa de la izquierda. Hay una derecha democrática, que gana en las urnas, que acepta la competencia electoral y las reglas democráticas, que escucha y negocia con la oposición y con quienes no les votaron, que respeta los contrapesos institucionales y acepta la crítica y la prensa independiente. Y está la otra, la derecha antisistema –prima hermana de la izquierda del mismo apellido–, que llega a través del voto, pero, una vez dentro, desgasta al árbitro, debilita las instituciones –el legislativo, los jueces, los contrapesos, los periodistas–, hasta que la cancha deja de ser pareja para todos. La primera derecha es democrática, y a la segunda muchos la conocen como liberal; yo prefiero decirle abiertamente autoritaria.

En Colombia, Abelardo de la Espriella ganó en la segunda vuelta por un margen muy pequeño, con una campaña estridente y un discurso antisistema, muy radical y polarizante. Inspirado en Bukele, prometió “mano de hierro” y megacárceles, fumigar cultivos de coca, perseguir financieramente al narco y terminar las negociaciones de paz. Tiene además un expediente documentado con más de cien demandas por injuria y calumnia usadas como hostigamiento a periodistas. Esto lo acerca a figuras de esa derecha liberal, claramente autoritaria. De la Espriella, como el ex Primer Ministro de Hungría, Viktor Orbán o Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, se encontrarían en la derecha abiertamente autoritaria.

Kast, presidente de Chile, en cambio, carga un historial incómodo, pues ha relativizado la dictadura y parte de su base electoral se exhibe pinochetista. Sin embargo, a más de cien días de haber tomado posesión, se ha movido dentro de las reglas y negocia con la oposición. Es, podríamos decir, un caso gris, aún por determinar si es un liberal como muchos sospechan o un demócrata como algunos esperan. Luis Abinader hizo lo contrario con el poder. Al haber obtenido una mayoría arrolladora en el Congreso dominicano, impulsó una reforma que blindó el límite a la reelección y se cerró a sí mismo la puerta de 2028. Una derecha más cercana a la izquierda democrática que a la derecha liberal.

*Tomado del periódico “El Mañana”.
Reynosa, Viernes 26 de Junio de 2026.

Ventaneando, Miércoles 15 de Julio de 2026.

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Del liderazgo populista y autoritario de Mao debemos resaltar que, entre 1958 y 1976, la República Popular China vivió dos de los experimentos políticos y económicos más radicales del siglo XX: El Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural. Ambos. No solo redefinieron el rumbo del país, sino que también dejaron un saldo de millones de víctimas y profundas cicatrices sociales.

El Gran Salto Adelante fue una campaña económica y social impulsada por Mao Zedong en la República Popular China entre 1958 y 1962. Su objetivo para transformar rápidamente al país, pasando de una economía predominantemente agrícola y pobre a una potencia industrial capaz de competir con las naciones más desarrolladas.

El líder comunista creía que la voluntad revolucionaria del pueblo chino y la movilización masiva podrían acelerar el desarrollo económico en pocos años.

Para lograrlo, el gobierno organizó a cientos de millones de campesinos en enormes comunas colectivas, eliminó gran parte de la propiedad privada y movilizó a la población para producir acero en pequeños hornos improvisados y participar en grandes proyectos de infraestructura.

Sin embargo, gran parte del metal producido era de muy baja calidad e inutilizable, mientras se descuidaban las labores agrícolas. Además, las políticas se basaban en metas de producción irreales y en un sistema político que castigaba las malas noticias. Muchos funcionarios locales inflaron las cifras de producción agrícola para demostrar lealtad al régimen. Como consecuencia, el gobierno asumió que existían excedentes de alimentos y continuó requisando granos, aun cuando en el campo comenzaba a extenderse el hambre.

La combinación de malas decisiones económicas, desorganización administrativa, información falsa y algunos factores climáticos desembocó en una devastadora hambruna entre 1959 y 1961.

Los historiadores estiman que entre 20 y 40 millones de personas murieron por hambre y causas relacionadas, convirtiéndola en una de las mayores catástrofes humanas de la historia moderna.

Tras el fracaso catastrófico del Gran Salto Adelante (1958-1962) y la gran hambruna que provocó, Mao Zedong no fue sustituido formalmente, pero perdió gran parte de su influencia operativa en la economía. Siguió siendo presidente del Partido Comunista de China (PCC) y una figura simbólica poderosa, pero la dirección práctica del país pasó temporalmente a dirigentes más pragmáticos, como Liu Shaoqi y Deng Xiaoping, quienes asumieron un papel más relevante en la administración.

Se implementaron políticas que disolvieron parcialmente las comunas, se devolvieron parcelas privadas a los campesinos y se enfatizó la experiencia técnica sobre la ideología pura.

Pero Mao no estaba dispuesto a ceder el control. En 1966 lanzó la Revolución Cultural, una campaña política destinada oficialmente a erradicar las influencias capitalistas y preservar la pureza revolucionaria. En la práctica, la iniciativa buscó restaurar su autoridad, exaltando el culto a la personalidad y eliminando a sus adversarios políticos.

Fue un periodo de enorme caos, violencia y purgas masivas. Liu Shaoqi fue destituido, torturado y murió en 1969. Deng Xiaoping fue enviado a trabajar en una fábrica rural, aunque sobrevivió y regresó después.

Durante una década, millones de jóvenes integrados en los llamados Guardias Rojos persiguieron a profesores, intelectuales, funcionarios y cualquier persona considerada contrarrevolucionaria. La economía volvió a sufrir; escuelas y universidades cerraron, su destruyeron templos, libros y obras de arte, y millones de ciudadanos fueron humillados, encarcelados o enviados a campos de reeducación.

En 1976 murió Mao y se puso fin a esta etapa de experimentos económicos radicales y represión política. Paradójicamente, las consecuencias del Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural convencieron a la siguiente generación de líderes chinos de abandonar las políticas ideológicas extremas y adoptar un modelo económico más pragmático, basado en las reformas de mercado y la apertura al exterior.

Fue en ese momento que resurgió la figura del gran reformador Deng Xiaoping, quien como “Líder Supremo” conduciría a China hacia una nueva etapa de modernización y crecimiento económico, y a quien se le conoce como el “Arquitecto de la China Moderna”.

Su visión pragmática se resumía en frases famosas como: “No importa si el gato es blanco o negro, mientras cace ratones” –priorizando resultados sobre ideología dogmática–, y “Cruzar el río palpando las piedras” –avanzar experimentalmente–.

Sin duda, Deng fue un líder pragmático y visionario que priorizó el desarrollo económico sobre la ortodoxia ideológica, transformando radicalmente a China mientras preservaba el sistema político del Partido Comunista, y su legado sigue definiendo la China actual.

El caso del éxito económico chino, es claramente un modelo a seguir en México, un país que no apuesta por la educación, la ciencia y la tecnología; polarizado y guiado por decisiones ideológicas impuestas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo PIB está estancado y no crece económicamente.

Así es que la pregunta es: ¿cuándo llegará el Deng Xiaoping mexicano?

*Tomado del catorcenal “Hora Cero”.
Reynosañ No. 680 – 25 de Junio 2026.

Ventaneando, Martes 14 de Julio de 2026.

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La Ciudad de México puede prepararse para recibir al mundo para ver futbol, pero sigue sin resolver una pregunta elemental para quienes la habitan todos los días: ¿cómo puede inundarse una ciudad que también tiene sed?

En 1970, cuando Pelé levantó la Copa del Mundo, la Ciudad de México ya avanzaba sobre sus antiguos paisajes lacustres. El sur de la capital conservaba huellas rurales, pueblos, canales, chinampas y zonas de cultivo, pero también comenzaba a sentir con fuerza la expansión urbana, la construcción de nuevas vialidades y la presión sobre el agua. Un par de años atrás, el lago de Xochimilco había quedado desecado completamente.

Cuando Maradona metió el gol más hermoso de los mundiales en 1986, la capital ya era una metrópoli urbanizada. La vieja cuenca de lagos había sido convertida en avenidas, colonias, drenajes, tuberías y unidades habitacionales; sin embargo, la contradicción de inundaciones y falta de agua seguía viva.

Cuarenta años después, el problema no sólo persiste: se ha vuelto más grave. La ciudad necesita más agua potable que en 1986, porque ha crecido, se ha densificado y ha extendido sus demandas sobre territorios cada vez más frágiles. Al mismo tiempo, cada temporada de lluvias recuerda que el agua no desaparece por decreto urbano, sino que regresa por barrancas, drenajes saturados, calles y colonias que alguna vez fueron laguna.

Por eso, el Mundial no debe leerse sólo como fiesta deportiva, también puede leerse como una radiografía urbana. Mientras el estadio se prepara para recibir cámaras, turistas y selecciones, los pueblos y barrios que lo rodean cargan con problemas más antiguos que cualquier remodelación: acceso desigual al agua, presión inmobiliaria, deterioro ambiental y pérdida de memoria territorial.

Este año, la jefa de gobierno “ajolotizó” la ciudad, rumbo al Mundial: murales, color morado, transporte intervenido y una mascota capitalina con forma de ajolote buscan presentar una imagen amable, ecológica y orgullosamente local. Pero el símbolo corre más rápido que la realidad. Mientras el ajolote se convierte en postal urbana, su hábitat sigue recibiendo aguas residuales, basura y descargas domésticas. Vecinos han denunciado miles de drenajes conectados a los canales del Lago de Xochimilco y especialistas advierten que la mala calidad del agua amenaza al anfibio y deteriora humedales y chinampas.

El estadio se prepara para mostrarse al mundo como este templo del futbol, pero los pueblos y barrios que lo rodean viven otra escena: obras, polvo, ruido, cierres de negocios, presión inmobiliaria y reclamos para que el Mundial no los excluya de sus beneficios. En varias partes de la Ciudad se pinta al ajolote mientras se contamina el agua que lo sostiene, en Santa Úrsula se embellece el entorno del estadio mientras sus habitantes preguntan por algo más básico: agua, consulta y respeto a la vida barrial.

Por eso, el Mundial no sólo debe verse como fiesta deportiva. También revela una contradicción hidráulica y urbana: la ciudad presume al ajolote, pero no sanea del todo sus canales; presume estadios, pero no escucha siempre a sus barrios; presume modernidad, pero sigue arrastrando una relación rota con el agua. Entre Xochimilco y Santa Úrsula está la misma pregunta: ¿cómo puede una ciudad celebrar al Mundial si no garantiza el territorio que lo hace posible?

Por eso, el Mundial no sólo debe leerse como fiesta deportiva. En Santa Úrsula Coapa se revela una contradicción hidráulica y urbana más profunda: la ciudad presume modernidad, estadios renovados y capacidad para recibir al mundo, pero no siempre escucha a los barrios que sostienen esa imagen. Vecinas y vecinos de Tlalpan y Coyoacán han denunciado falta de agua, gentrificación, obras mal hechas, cierres de calles, banquetas levantadas y problemas de movilidad alrededor del estadio.

También han cuestionado que los beneficios del evento favorezcan más a la FIFA y a Televisa que a las comunidades cercanas. Santa Úrsula no es escenografía del estadio: es un pueblo con historia, memoria y necesidades concretas. Por eso, la pregunta no es si la ciudad puede organizar un Mundial, sino si puede hacerlo sin profundizar las desigualdades que ya existen alrededor del coloso. ¿Cómo celebrar al mundo si quienes viven junto al estadio siguen exigiendo agua, consulta y respeto a su territorio?

(Licenciado en Historia por la Universidad Autónoma
de la Ciudad de México –UACM–, maestro en Estudios
Regionales por el Instituto Mora y candidato a doctor en
Historia por el CIDE. Se especializa en historia urbana,
socioambiental y del sur de la Ciudad de México).

*Tomado del periódico “El Mañana”.
Reynosa, Lunes 29 de Junio de 2026.

Ventaneando, Lunes 13 de Julio de 2026.

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Si por un momento creímos que el país sudamericano había escapado de su viejo relato violento, nos equivocamos: la mitad ha optado por quemar la casa

EN México andamos libres de sobresaltos. La transición política parece haberse consolidado; la oposición no ha encontrado la forma de descarrilar a la Cuarta Transformación y avanzamos ciertos de que en los asuntos internos no caben los gringos.

Pero basta mirar hacia el sur para sentir vértigo.

Las elecciones presidenciales colombianas han depositado el poder en las garras del tigre: una fiera-espectáculo que construyó su campaña confrontando, prometiendo orden y con una inquietante revoltura ideológica. Abelardo es un Trump bogotano.

El dedo en la llaga lo puso Martín Caparrós cuando Milei ganó en Argentina. Lo verdaderamente duro, escribió entonces, no era Milei. Lo duro era descubrir que uno forma parte de un país donde una mayoría está dispuesta a entregarle el país a un desquiciado. Ese es el regusto que dejó la elección del domingo pasado: los colombianos han puesto el país en las garras de un desquiciado.

Si fuera posible interrogar a los casi trece millones de ciudadanos que votaron por De la Espriella, descubriríamos que ninguno desea “destripar a la gente de izquierdas”. Que pocos desean que una potencia extranjera dicte el rumbo migratorio o su política de seguridad. Que casi nadie añora los años oscuros del uribismo, los falsos positivos y la degradación moral de aquella época.

Y, sin embargo, con su voto regresaron sin escalas a ese perverso pasado.

Algo ocurrió.

Algo se entrometió entre los avances del progresismo y el cruel veredicto de las urnas.

La respuesta internacional a esta disrupción hay que buscarla en el triunfo de Trump o en la victoria del Brexit.

Una vuelta más analítica al episodio nos indica que la explicación colombiana de esta fractura descansa diez años atrás. En el sabotaje sistemático de los acuerdos de paz impulsado por la derecha y lúcidamente documentado por Juan Gabriel Vázquez en “Los desacuerdos de paz”. Aquella fue una inmensa operación de mentiras, resentimientos y engaños contra el intento de reconciliación nacional que encarnaban los acuerdos promovidos por Juan Manuel Santos.

Juan Carlos Vélez –gerente de la campaña por el No y dirigente del uribismo–, lo admitió entonces: que su propósito era que la gente saliera a votar verraca. Feroz. Enojada. Su finalidad nunca fue persuadir al ciudadano con razones sino con emociones.

Aquella operación fue el anticipo. La victoria de De la Espriella, su continuación. La herencia de las pesadillas.

La campaña de Abelardo –y su triste victoria–, es la consecuencia de una gradual alteración de la realidad colectiva. El triunfo final de quien miente.

En 2016, por fortuna, el plebiscito no era jurídicamente indispensable para alcanzar la paz. Por ello, aunque ganó el No, Santos pudo corregir el acuerdo, ajustarlo y aprobarlo.

Esta vez será distinto.

De la Espriella –abogado conocido por la defensa de paramilitares y narcotraficantes–, gobernará Colombia durante los próximos cuatro años. Apenas se conoció el resultado, Álvaro Uribe y el Centro Democrático reaparecieron como partido de gobierno. Los mismos actores que sabotearon los acuerdos de paz volvieron al centro de la historia. Reformarán la Jurisdicción Especial para la Paz, ampliarán las garantías para los militares involucrados en el conflicto y desmontarán, pieza por pieza, la arquitectura que sostiene los acuerdos de paz.

Si por un momento creímos que Colombia se había exorcizado y había escapado de su viejo relato violento, nos equivocamos. La mistad del país ha optado por quemar la casa.

*Tomado del periódico “El Mañana”.
Reynosa, Jueves 25 de Junio de 2026.

Ventaneando, Viernes 10 de Julio de 2026.

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Trátese de una tendencia a la derechización o un fenómeno universal que castiga a los candidatos oficiales, el hecho es que en 2027 y 2030 Morena acudirá a las urnas bajo ese ‘handicap’

LA victoria del candidato de ultraderecha en Colombia constituye la más reciente derrota de un gobierno popular de izquierda en América Latina, tras los casos de Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia y Perú, entre otros.

Pero tampoco debemos sacar de proporción la tendencia a la “derechización” que se ha impuesto en América Latina. Es cierto que el continente se está despintando de la ola roja o rosada con la misma velocidad con la que se pintó hace diez o quince años. En realidad, parte de la explicación se encuentra en un fenómeno más amplio: los electores están votando en contra del partido que esté gobernando, al margen del corte ideológico que ostente.

Según el Pew Research Center en los últimos años el gobierno en función fue derrotado en 70% de los comicios en el mundo. Y en lugares en donde retuvo el poder, lo hizo perdiendo sus mayorías parlamentarias (como es el caso en India, Sudamérica, Japón y muy probablemente México el próximo año).

Es decir, el signo de los tiempos está marcado por una inconformidad creciente de los ciudadanos con quien ocupa el poder. Mucho tendrán que ver las nuevas redes sociales, el individualismo y la fragmentación en nichos de opinión, el hipercriticismo que caracteriza a la blogosfera con una inclinación que viraliza los contenidos negativos, la velocidad con la que se mueve, la pérdida de influencia de los medios tradicionales usualmente vinculados al poder y formadores de consensos y hegemonías.

Todo eso se traduce en una desconfianza puntual respecto a los gobernantes y potencia el atractivo, efímero pero efectivo en las urnas, con el que se presenta todo discurso o perfil antagónico al poder, por más disparatado que sea.

No está ganando la oposición tradicional porque haya convencido al electorado de un proyecto de país diferente al oficial; más bien están asaltando al poder figuras mediáticas con discursos difusos pero sumamente críticos y golpeadores, de contenido simplista pero revestidos con los agravios y emociones que alimentan la inconformidad, sea la migración, la inflación, la corrupción o la inseguridad pública. Temas de muy difícil solución para la fuerza política que gobierne, pero sumamente útiles para cualquier discurso irresponsable que los convierta en municiones.

Esto está sucediendo en todo el mundo. Para desgracia del gobierno de la 4T seguramente también en México. A la postre, trátese de una tendencia a la derechización o un fenómeno universal que castiga a los candidatos oficiales y potencia a los externos, el hecho es que en 2027 y 2030 Morena acudirá a las urnas bajo ese “handicap”.

¿Será decisiva esta desventaja o podrá superarla? En textos anteriores he considerado los factores de fondo que podrían explicar el desencanto de los electores con los gobiernos populares. ¿Cómo entender que sectores mayoritarios que resultaron beneficiados por la derrama social impulsada por estos gobiernos (subsidios, pensiones e incremento de salarios mínimos) terminen votando en contra?

La explicación reside en “los rendimientos decrecientes” de las políticas públicas populares. Sucedió en Bolivia, Perú, Ecuador, Argentina, Colombia y Chile. Las primeras acciones tienen un efecto inmediato y lucidor. El impulso inicial genera una mejoría en la condición de los pobres. Estadísticamente saca de la miseria a millones de personas. Pero luego surge una especie de bloqueo. Llegado a un punto, el gobierno topa con límites presupuestales para ampliar de manera significativa esas ayudas.

Conseguir financiamiento con cargo al endeudamiento o al aumento de impuestos, es un paliativo que permite avanzar un poco más, pero provoca efectos económicos desfavorables. Inflación, salida de capitales, depreciación y estancamiento han sido un flagelo recurrente en varios de estos países. Muchos ciudadanos, incluso entre los sectores más pobres, perciben que la derrama se ha estancado y en cambio sus condiciones de vida se deterioraron por la inflación y la falta de empleo digno. El caso de la CNTE lo ilustra claramente en México.

Pero a esta explicación, que remite a temas estructurales, habría que añadir razones más subjetivas, como las señaladas párrafos antes. La política, y en particular el comportamiento en las urnas, está asociado a percepciones que se nutren de diversas fuentes. Cuando se pierde o se gana por un 1% de los votos, como es el caso en Colombia, y más palpable en Perú con Fujimori con un margen aún más apretado, la diferencia puede atribuirse a un meme oportuno, un lema pegadizo, un escándalo de último momento. En todos estos casos, el más vulnerable suele ser el candidato oficialista.

Los gobiernos populares de izquierda perdieron porque no fueron capaces de poner en marcha la economía y sostener un aumento de la masa salarial, por un lado; pero también porque se hicieron sumamente vulnerables a la inconformidad que domina en la región por la corrupción y la sensación de inseguridad. Al malestar por temas de pobreza e incertidumbre económica, se añade la indignación por escándalos de abusos y enriquecimiento de miembros del partido en el poder y la percepción de la violencia que se vive en las calles. Un fenómeno que también se observa en México.

La conclusión es obvia. Si Morena desea pertenecer al 30% de los partidos en el poder que vencen a la alternancia, tendría que trabajar en todos estos temas. Incluyendo el hecho de que la política electoral efectiva ya no es la de antes. Una de las razones de la derrota de Iván Cepeda en Colombia fue que apostó a mítines y concentraciones, entendió demasiado tarde las causas del malestar, el peso de las redes sociales, el descontento de la población poco politizada y el sentimiento anti gobiernista que recorre el mundo. Lecciones para Morena.

*Tomado del periódico “El Mañana”.
Reynosa, Jueves 25 de Junio de 2026.

Ventaneando, Miércoles 8 de Julio de 2026.

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El gobierno federal informó que el promedio diario pasó de 86.9 homicidios en septiembre de 2024 a 47.3 en mayo de 2026. La cifra tiene peso propio, pero su mayor valor aparece cuando se mira a la luz de una idea moderna de seguridad pública, que exige inteligencia, coordinación, investigación profesional fiscalías fuertes y una justicia penal capaz de transformar hechos violentos en consecuencias legales, además de presencia policial operativa. De lo contrario, el problema de fondo queda sin solución suficiente.

Desde esa perspectiva, la baja de homicidios permite advertir que la estrategia de esta administración está dando resultados. Apostar por sistemas en lugar de operativos aislados es una decisión de fondo correcta. Los sistemas pueden tardar más en ofrecer resultados espectaculares, pero construyen algo muy valioso, capacidad instalada, memoria institucional y respuesta coordinada.

Esa ruta toma tiempo. La seguridad de mediano plazo se parece más a una obra de ingeniería que a una escena de impacto. Primero se analiza el terreno. Luego se trazan cimientos. Después se conectan capacidades. Más adelante aparecen resultados verificables, más estables y menos dependientes del golpe coyuntural. En ese trayecto, la ley, la inteligencia y la justicia penal deben caminar juntas con mejor coordinación y mejores estándares de actuación en sus respectivas competencias.

Por eso conviene procesar esta reducción en el contexto amplio de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Cuando baja la violencia letal, el Estado gana tiempo y margen. Ese margen debe aprovecharse para consolidar lo que aún está en construcción: sistemas de inteligencia más robustos, investigación criminal que llegue al proceso penal, coordinación cotidiana entre Federación, estados y municipios, y una amplia reforma al procedimiento penal y sus leyes relacionadas. Así, la cifra abrirá una puerta que la arquitectura institucional puede permitirnos cruzar.

México merece una seguridad que se sienta y una justicia que se vea en la vida diaria de las personas. En la del comerciante que abre su negocio sin pagar derecho de piso. En la del estudiante que regresa a casa sin cambiar rutas. En la de la madre que espera a su hijo en la puerta sin mirar el reloj con angustia. Calles más tranquilas, autoridades que colaboren, víctimas atendidas, delincuentes procesados y comunidades con confianza renovada. Eso es lo que está en juego detrás de esta estadística.

En seguridad, el alivio inmediato augura mucho, pero la permanencia pesa más. Una baja puede y debe cambiar el ánimo público. Un sistema sólido puede cambiar el destino de una generación.

X: @JorgeNaderK

*Tomado del periódico “El Mañana”.
Reynosa, Viernes 19 de Junio 2026.

Ventaneando, Jueves 2 de Julio de 2026.

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El G7 de esta semana se reunió frente al final, todavía aparente, de una guerra que Washington inició el 28 de febrero con dos objetivos declarados: impedir que Irán desarrollara un arma nuclear y, en el relato de aquellos primeros días, derrocar al régimen de Teherán. En cambio, la Casa Blanca terminó felicitándose por la reapertura del Estrecho de Ormuz y por la promesa iraní de contener sus ambiciones nucleares.

El viernes, después de más de cien días, la mayor potencia militar del mundo firmará con Irán un marco para empezar a cerrar una guerra que no alcanzó ninguno de sus fines. La firma, sin embargo, sellará algo más grande: el punto de partida del derrumbe del poder estadounidense, de su influencia y de su papel como garante de seguridad. En Medio Oriente, y mucho más allá.

Lo que se firma no termina la guerra; abre un reloj de sesenta días para concluir la negociación. Y la cuenta arranca con lo que parece la medida más clara de quién ganó, escrita en letra chica: el memorando (MOU) compromete a Washington a un fondo de 300 mil millones de dólares para atraer inversión a Irán, más de la mitad ya comprometido, según Reuters. El desenlace inesperado de esta guerra: Estados Unidos entró para quebrar la economía iraní y sale ayudando a reconstruirla, y a fortalecer una Guardia Revolucionaria que en enero todavía absorbía la presión de las calles. Lejos de acorralar a Teherán, la Casa Blanca ha venido enviando una señal de desesperación por terminar el conflicto, y por reabrir el Estrecho de Ormuz, a cualquier precio.

El MOU es una trampa. Tres de sus temas, por lo menos, están escritos en el lenguaje del acuerdo cuando en realidad cada uno encubre una concesión.

En Ormuz, para conseguir la reapertura, Washington cede la administración futura del estrecho. Irán se compromete a poner “su mejor esfuerzo” en dejar pasar a los buques comerciales sin cobro durante sesenta días, y luego a abrir un diálogo con Omán sobre quién administrará el paso. Dos concesiones en un solo párrafo. El acuerdo reabre una vía que estuvo abierta hasta que empezó la guerra, y le da a Irán voz sobre la administración de un paso que, hasta la guerra, era libre para todos. El párrafo diez, además, afloja las sanciones a la industria petrolera iraní. Una recompensa, en los hechos, por reabrir un estrecho que el propio Irán cerró.

En lo nuclear, Irán reafirma, como ya lo hizo antes, que no adquirirá ni desarrollará armas nucleares, y las dos partes acuerdan resolver el destino del material enriquecido almacenado con un mecanismo y un calendario que se fijarán después. La reafirmación es la parte fácil. El documento no le exige a Irán entregar el material ni sacarlo del país. Deja la suerte del uranio enriquecido, y la forma de un futuro programa “civil”, a una negociación que no ha empezado.

En el Líbano, el memorando declara terminada la guerra en todos los frentes y promete proteger la soberanía libanesa, con un acuerdo final que habrá de confirmarlo. Pero las firmas son la estadounidense y la iraní. El ejército que ocupa el sur del Líbano es israelí, e Israel no firmó nada. Más todavía: el párrafo despacha las preocupaciones israelíes por la amenaza de Hezbolá.

El memorando tiene respuesta para todo lo que la guerra abrió, y para los destrozos que dejó en el camino: el uranio, el estrecho, el Líbano. Cada respuesta entrega algo. Y lo que les daría fuerza, el cumplimiento, los plazos, el mecanismo mismo, se empuja más allá del reloj de los sesenta días.

Roma no cayó en el 410. Siguió de pie durante décadas, un imperio que ya no podía mantener al invasor lejos de sus puertas y que había dejado de fingir que podía. Lo que Alarico se llevó de verdad fue la creencia de que la ciudad no podía ser tomada. El MOU se lleva eso mismo. El poder estadounidense sobrevivirá a esta guerra igual que Roma sobrevivió a Alarico, pero la creencia que lo sostenía no: la de que la palabra de Washington era una garantía, la de que una base estadounidense significaba protección. Terminó con Washington firmando un memorando para que pudiera reabrirse un estrecho que, hasta esta guerra, nadie había necesitado jamás negociar.

X: @solange_.

*Tomado del periódico “El Mañana”.
Reynosa, Viernes 19 de Junio 2026.

Ventaneando, Martes 30 de Junio de 2026.

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